Columna en Diario Gestión.
Durante el Gobierno de transición se ha evidenciado un aumento significativo de la violencia en las protestas ciudadanas y, de hecho, ha alcanzado su nivel más alto desde el 2008. Esto es un elemento adicional que deteriora aún más las perspectivas para el entorno de negocios.
En diciembre del 2022, fuimos testigos de los costos económicos del escalamiento de esta conflictividad: paralización de varias actividades (comercio, transportes o turismo), que no solo afectó a empresas, sino a los más de cinco millones de peruanos que generan sus ingresos de forma diaria o semanal; y el aumento de precios de productos básicos por problemas de abastecimiento.
Para el 2023, la intensificación de la violencia puede ocasionar daños colaterales adicionales. Por un lado, el impulso de la minería puede verse reducido si la conflictividad se exacerba y , por ende, afecta a las operaciones del sector. Además, el deterioro de la imagen del Perú como destino turístico puede tener un efecto negativo más persistente en la recuperación de la llegada de turistas extranjeros.
Por último, puede generar nuevas postergaciones en los planes de inversión de las empresas, en un año que además estará marcado por la incertidumbre electoral y un Gobierno de transición precario.
