Tras el proceso de reapertura de actividades productivas y levantamiento de restricciones a la movilidad de las personas que se inició en mayo del año pasado, el PBI del Perú casi ha alcanzado su nivel precrisis. De hecho, estimamos que la economía se habría contraído “apenas” 2% en diciembre del 2020, con respecto al mismo mes del año anterior.
En diciembre el Indicca se ubicó en 43 puntos, cuatro puntos por encima del nivel del mes anterior. Si bien este resultado sugiere una mejora en las condiciones para consumir de las familias limeñas hacia el cierre del año, en realidad una buena parte del incremento se explica por el efecto estacional que siempre se da en fiestas navideñas.
La primera protesta social que tuvo que enfrentar el gobierno del presidente Sagasti ha sido protagonizada por trabajadores vinculados con la agroindustria de exportación, inicialmente centrada en la región Ica, que aporta la quinta parte de las exportaciones del sector agrícola no tradicional. Las demandas sociales se centraban en tres temas principales: (i) la eliminación de las services, (ii) el aumento de la remuneración diaria (de S/39,2 a S/70) con acceso a mayores beneficios y (iii) estabilidad laboral.
Es urgente la puesta en marcha de un ambicioso programa de infraestructura que tenga el respaldo y apoyo político para superar las potenciales trabas. Esto es clave para garantizar el crecimiento y desarrollo del Perú, en especial de las regiones del interior del país. El marco legal actual permitiría lograrlo, pero desde hace años falta el real apoyo de nuestras autoridades —de distintos niveles— para que las iniciativas no queden abandonadas. Asimismo, es imprescindible recuperar la confianza de los inversionistas respecto a la estabilidad de los contratos firmados con el Estado para alentarlos a retomar el desembolso de inversiones. Esto es relevante en un contexto macroeconómico golpeado por la crisis del COVID-19, en el cual nuestra capacidad fiscal y de endeudamiento se ha limitado y, por tanto, también nuestro margen para empujar grandes proyectos de infraestructura totalmente financiados con dinero público (por ejemplo, mediante esquemas de PMO o G2G).
El jueves 6 de agosto juró el segundo gabinete de ministros en menos de un mes, luego de que el Congreso de la República negara la confianza al entonces gabinete Cateriano. Con ello, a las graves crisis sanitaria y económica se suma una crisis política que exacerba aún más los riesgos para la gobernabilidad. El nuevo Consejo de Ministros, liderado por Walter Matos, deberá presentarse para obtener el voto de investidura en los próximos 30 días. No obstante, incluso si el nuevo gabinete logra la investidura y se supera la crisis política, ello no disipará los riesgos para la gobernabilidad del país. Lo más probable es que continúe la confrontación entre ambos poderes del Estado en un contexto en el que las reglas políticas favorecen al parlamento. Más aún, dicha confrontación podría perjudicar algunas definiciones políticas y económicas relevantes como las propuestas regulatorias desde el Congreso, la elaboración de la Ley de Presupuesto Público y la definición de las reglas electorales para el 2021.
La crisis generada por el COVID-19 ha cambiado drásticamente el entorno de negocios en el Perú. Es probable que la actividad económica se contraiga 14% en el 2020, la caída más fuerte en 100 años de la historia peruana. En el 2S2020, la recuperación será gradual debido a que las familias y las empresas van a continuar muy afectadas. Además, en el entorno predominará la incertidumbre electoral, regulatoria y aquella vinculada con la evolución del COVID-19. Hacia adelante, persisten riesgos que podrían ralentizar la recuperación en el 2S2020: i) rebrote del coronavirus que podría frenar el proceso de reapertura económica y ii) la lenta ejecución del gasto público y de los desembolsos de los programas de liquidez. Así, el nuevo gabinete tiene el enorme reto de reducir el riesgo regulatorio, los niveles de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, y atender oportunamente las demandas ciudadanas.
Luego de caer severamente en el 2T2020, la actividad económica global se está sobreponiendo. Esto se explica por la flexibilización de las restricciones para operar en distintas partes del mundo y por la fuerte inyección de liquidez en la economía por parte de los bancos centrales. Durante los siguientes meses el mundo continuará recuperando gradualmente su nivel de producción, y el renovado apetito por riesgo de los inversionistas se mantendrá elevado. Así, la búsqueda de mayores retornos mantendrá las tasas de interés de la deuda soberana peruana cerca de sus niveles mínimos históricos (registrados al cierre de julio), en línea con las bajas tasas de interés internacionales. Sin embargo, la incertidumbre a nivel local –política, principalmente– impedirá que el sol se aprecie significativamente. Con ello, la cotización del dólar se mantendrá alrededor de los S/3,50 hacia fin de año.
PERÚ A SUS 200 AÑOS: LA NECESIDAD DE ESTABLECER EL RUMBO
Desafíos empresariales en un mundo más complejo
Luego de una crisis global sin precedentes en el Perú,ad portas de un año electoral, tendremos un año complejo con muchos retos que sortear. APOYO Consultoría presentó una agenda que ayudó a entender las perspectivas de la política, la economía y las oportunidades de negocios para los próximos 3 años.
Se realizó los días 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de setiembre del 2020.
Donita Rodríguez, jefa de análisis macroeconómico de APOYO Consultoría, aborda las medidas fiscales implementadas por el Gobierno y analiza los impactos de la actual crisis económica sobre las finanzas públicas.
