En el último mes se dieron nuevas designaciones en organismos constitucionalmente autónomos, reguladores y al interior del Ejecutivo, favoreciendo al balance de poderes. Por un lado, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y el nombramiento de los presidentes de organismos reguladores brindan signos de estabilidad, por otro, las designaciones en el gabinete dan señales ambiguas.
Si la ley se aplica restrictivamente, las compañías petroleras no podrían tercerizar las actividades de perforación, las compañías mineras tendrían prohibido contratar servicios para los procesos de explotación, y ninguna empresa podría tercerizar actividades de venta o cobranza.
El entorno político en febrero estuvo marcado por la revelación de presuntos casos de corrupción en el entorno presidencial y por la juramentación de dos gabinetes en menos de dos semanas. Aunque estos escándalos de corrupción han reforzado una serie de acciones de control político desde el Congreso, el riesgo de un escenario disruptivo permanece reducido en el corto plazo. Si bien la legitimidad de la vacancia presidencial, actualmente impulsada por la oposición, viene en aumento, a la fecha no existen los 87 votos necesarios para remover al presidente Castillo del cargo. En consecuencia, lo más probable es que continuemos en un escenario de mediocridad prolongada, en el que predomine el deterioro institucional, la ralentización en la toma de decisiones y la incertidumbre.
En los últimos meses, gran parte de los puestos de trabajo creados han sido puestos de baja productividad y remuneración. Esto se explica porque la confianza de las empresas se mantiene muy golpeada, lo que limita la recuperación la contratación de personas en puestos de trabajo adecuados de mayor calidad. Como resultado, el deterioro de los ingresos laborales, sumado al fuerte incremento de los precios, mantiene los ingresos ajustados por inflación en un nivel históricamente bajo, lo que, a su vez limita la capacidad de consumo de los hogares.
Pese a la recuperación del PBI, todavía no se observan mejoras relevantes en la confianza de los consumidores, a nivel agregado. Esto se explica por el retroceso de los ingresos reales, ocasionado por la precarización del empleo y el incremento de la inflación. No obstante, la disminución en el número de casos COVID-19 y el levantamiento de las restricciones a la movilidad en el último mes han beneficiado a algunos sectores económicos, como hotelería, restaurantes y actividades recreativas. Esta mejora parece ya estar beneficiando a algunos grupos de la población, como los jóvenes, que han sido los más afectados por la crisis.
Creemos que, además de reestablecer la institucionalidad fiscal, la agenda del MEF debería estar orientada hacia cuatro objetivos principales: (i) impulsar el gasto en inversión pública, (ii) incrementar la recaudación en el mediano plazo de manera eficiente y sostenible, (iii) recuperar los ahorros fiscales que han permitido enfrentar las últimas crisis económicas sin restricciones de liquidez e (iv) implementar políticas que impulsen el crecimiento de largo plazo a través de la promoción de la inversión y la creación de empleo de calidad.
Según proyecciones de APOYO Consultoría, las ventas del retail moderno se mantendrán en niveles similares al 2021 (caída de 1%), pero estarán casi 11% sobre niveles prepandemia. Las ventas de las tiendas por departamento tendrán el mejor desempeño en línea con la mayor movilidad de la población y la recuperación del presupuesto del hogar destinado a este segmento. En contraste, las ventas de autoservicios y homecenters caerán en el 2022.
En lo que va del 2021, la penetración de internet y el consumo de datos se aceleró sustancialmente. El mayor tiempo de permanencia en el hogar permitió que la brecha entre la penetración de internet móvil y fijo continúe reduciéndose desde que estalló la pandemia. Hacia el 2022, nuestras previsiones indican que hay cierto espacio para tasas de crecimiento mucho más acotadas debido a: (i) la normalización de la demanda dado el retorno parcial a la presencialidad; (ii) cierta cautela en las decisiones de inversión empresarial a nivel corporativo, sumada al deterioro financiero más acentuado en el segmento de mypes; y (iii) una débil recuperación en la capacidad adquisitiva de los hogares en un contexto en que otras categorías de gasto -limitadas durante la pandemia- comienzan a reactivarse y competir por el bolsillo del consumidor.
A primera vista, la resignación ante el desgobierno y ante el evidente saqueo de lo público resulta inexplicable. Sin embargo, este desarraigo colectivo es resultado del desencanto generalizado con nuestra clase gobernante y del profundo desprestigio de los mecanismos políticos.
