Artículo en Diario El Comercio.

Aunque existe una reiterada mención de la voluntad popular por parte del presidente, las prioridades, las acciones y las políticas de su gobierno parecen ir en contra de las demandas de la población.

El presidente, Pedro Casti­llo, en sus siete meses en el cargo, es el mandatario que más ha mencionado la pala­bra ‘pueblo’ en sus declara­ciones públicas, en compa­ración con sus antecesores más recientes. De acuerdo con el análisis realizado por El Comercio, Castillo habría apelado «al pueblo» más de 300 veces durante su mandato, 250 veces más que el siguiente expresi­dente Ollanta Humala. Y en más de una ocasión ha se­ñalado que «Le consultará al pueblo» antes de tomar decisiones importantes en su gobierno.

No obstante, a pesar de la reiterada mención a la voluntad popular, las prioridades, las acciones y las políti­cas de su gobierno parecen irmásbienen conrrade las demandas de la población. De hecho, una reciente en­cuesta realizada en el ám­bito nacional por lpsos Perú evidencia de manera con­tundente, que la propuesta para convocar una asam­blea constituyente, -políti­ca fuertemente respal da­da por el mandatario- está muy alejada de los princi­pales pedidos del pueblo. Por el contrario, la demanda popular está enforada prin­cipalmente en tres grandes aspectos: la lucha contra la delincuencia, la reactiva­ción económica y la generación deempleo, así como la lucha contra la corrupción.

La primera exigencia, la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, es respaldada por más de la mitad de la población.

No es para menos. El nivel de inseguridad ha empeora­do de manera alarmante, en los últimos años. Evidencia de ello es que el porcentaje de la población en elámbito nacional que ha sido vícti­ma de un delito cometido con arma de fuego alcanzó el 14% en el 2021, muy por encima de los niveles del 2018 (10%) o 2015 (8%). Más aún, el número de de­nuncias de autos robados creció 34% entre el tercer trimestre del 2020 y el tercer trimestre 2021, mientras que los casos de trata de personas se incrementaron en78%, y los de violencia sexual en 30%, crimenes que afectan principalmente a mujeres jóveoes menores de edad (INEI, 2021). Aun así, en lugar de estar enfocado en solucioaaresta crisis de inseguridad, tenemos a un Ministerio del Interior también en crisis y observamos indicios que comprometen al gobirno en el de­bilitamiento de los órganos de inteligencia policial y en la injerencia en el proceso de ascensos policiales.

La segunda gran demanda es la creación de puestos de trabajo y la reactivación econórnica.

Si bien el PBl ya ha recuperado sus niveles prepandemia, esta mejora no ha venido acompañada por la creación de empleo de calidad. Por el contrario, los 70 empleos que se han generado en los últimos dos años hansido empleos precarios, de baja productividad y bajos salarios. Por ello, los ingresos promedio de los trabajadores urbanos han caído cerca de 17%, en términos reales, y el número de empleos ade­cuados ha caído 15%, ambos en comparación con los ni­veles previos a la pandemia (INEl,2021).

Frente a esta situación, el gobierno ha decidido dar la espalda a los millones de trabajadores que sufren la precariedad de un empleo informal. El Ejecutivo se ha enfocado en la entrega tem­poral de bonos a las familias, la implementación de subsidios y el anuncio de medidas que harán más rígida la re­gulación laboral, pero no a generar las condiciones que incentiven a las empresas a contratar formalmete.

Todo lo contrario, la in­certidumbre generada porel gobierno y el deterioro re­gulatorio (que también proviene del Congreso) son las principales limitaciones al crecimiento de la inversión privada, que es la única fuente sostenible de creación de empleo formal.

«En lugar de estar enfocado en solucionar e la crisis de inseguridad, tenemos a un Ministerio del lnteriortambién en crisis».

Como resultado, las fa­milias peruanas están su­friendo un deterioro en su capacidad de consumo. Se­gún una encuesta que APOYO Consultoría encargó a lpsos, el 65% de la población considera que sus ingresos son más inestables o preca­rios que antes de la pande­mia y más de 40% ha denido reducir su consumo debido al alza de precios (lpsos, enero 2022).

«Los ingresos promedio de los trabajadores urbanos han caído cerca de 17%.»

El tercer pedido más mencionado es la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, los indicios de corrupción son generalizados y por eso un 54% de la población percibe que esta ha aumentado durante este gobierno (Ipsos, octubre 2021). La población efecti­vamete, exige cambios ra­dicales, pero no en la Constitución, sino en la gestión pública. Hacia una que ga­rantice buenos servicios pú­blicos, que fomente la crea­ción de empleo de calidad y que esté libre de corrupción. En contraste, tenemos una evidente degradación de diversas entidades del Estado -que ya empieza a mostrar su impacto negativo en el día a día de la población- y un gobierno que ignora las verdaderas y muy legítimas demandas ciudadanas.

Por eso, es razonable que 69% de la población desa­pruebe la gestión del presidente Castillo, que 65% crea que debe renunciar y que 53% señale que está o podria estar a favor de su vacancia (lpsos, 2022). Por esa mis­ma razón, también es razonable esperar que la salida de esta crisis (la que sea) no será completa ni sostenible si estas demandas continúan siendo ignoradas.