Luego del primer año de gobierno del presidente Castillo, en julio de este año, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e Ipsos (Indicca) alcanzó un nuevo mínimo histórico ubicándose en 31 puntos (ver gráfico inferior).
Este deterioro en la confianza es reflejo de un deterioro en la situación económica presente de los consumidores y de sus expectativas. De hecho, en julio, el porcentaje de consumidores limeños que percibe que su situación económica ha empeorado y que no espera que esta mejore en los próximos doce meses ascendió a 55% (ver gráfico inferior). En otras palabras, más de la mitad de los consumidores en Lima Metropolitana se considera en crisis económica. Este porcentaje es mucho mayor que los niveles usuales prepandemia (alrededor de 15%) y es incluso más elevado que el registrado durante la pandemia (alrededor de 30%).
El marcado deterioro en la situación presente y las expectativas de los consumidores se explica por tres factores.
Primero, la elevada inflación continúa debilitando la capacidad adquisitiva de l0s consumidores. En junio, la inflación ascendió a 8,8% alcanzando su nivel máximo en los últimos 25 años. En contraste, el ingreso laboral promedio ajustado por inflación se redujo y se ubicó 18%por debajo de su nivel prepandemia (ver gráfico de la izquierda).
Segundo, la calidad del empleo se mantiene muy deteriorada. Si bien, en junio, el subempleo en Lima se redujo por segundo mes consecutivo, esto no se ha visto traducido en mayores contrataciones en puestos de mayor productividad y remuneración. De hecho, el empleo adecuado se mantiene estancado 10% por debajo de su nivel prepandemia. Ello se ha visto reflejado en el porcentaje de consumidores que considera más difícil encontrar empleo, el cual aumentó con respecto al mes pasado (ver gráfico inferior). Particularmente, la dificultad para encontrar empleo se ha incrementado más para las mujeres y para los jóvenes entre 18 y 24 años.
Tercero, no parece haber una salida a la crisis política en el corto plazo. Aunque el avance de las investigaciones fiscales y el reciente escándalo en torno a la salida del ministro del Interior debilitan aún más al Gobierno, no han sido suficientes para forzar una salida a la crisis. De hecho, antes que cumplir con su función de control político, el Congreso se ha enfocado en priorizar agendas populistas e iniciativas que buscan beneficiar intereses particulares. Por su parte, la respuesta del Gobierno para mitigar el golpe del rápido incremento del costo de vida sobre las familias ha sido inadecuada o inoportuna. Esto es atribuible, en parte, al deterioro de la gestión pública por la politización del servicio civil y la alta rotación de funcionarios. Mientras tanto, la desafección ciudadana hacia la clase política se sigue exacerbando y se traduce en la alta desaprobación presidencial y del Congreso.
En suma, luego de un año del inicio del gobierno del presidente Castillo, la mayoría de consumidores limeños percibe un deterioro en su situación económica y no espera mejoras en el corto plazo. Este pesimismo es resultado del marcado deterioro de la gestión pública del Gobierno, el cual no ha respondido con medidas adecuadas a los problemas coyunturales que vienen afectando a las familias, y de la continua crisis política de la cual no se avizora una salida en los próximos meses.
Analista
The Government’s main allies, Fuerza Popular and APP, leveraged the crisis triggered by the murder of 13 mine workers in Pataz to strengthen their influence over ministerial appointments.
So far this year, the economic recovery appears to have consolidated, with growth becoming more broad-based. Domestic demand has shown solid performance.
In the first quarter of the year, economic growth remained solid (3.6%). This was the result of a combination of favorable dynamics for GDP.
