Al parecer, el Congreso más rápido en aprobar proyectos de ley de regulación económica de la historia reciente también aspira a ser el más furioso. Desde que inició sus funciones ha aprobado medidas que van en contra de los principios económicos más básicos y de algunos pilares del funcionamiento de nuestra economía como el sistema de concesiones de infraestructura, el sistema previsional, el sistema financiero, el manejo fiscal prudente, etc. Sin embargo, durante los últimos días ha ido más allá y ha sumado iniciativas que atropellan poderes del Estado, el Tribunal Constitucional y la administración pública en general.
El pleito de los últimos días entre el Congreso y el Ejecutivo se manifestó en la aprobación en primera legislatura de cambios a cinco artículos de la Constitución Política que socavan el funcionamiento de instituciones claves del Estado. Dichos cambios, de aprobarse, tendrían serias consecuencias no solo en las figuras más visibles de la política (como el Presidente y los congresistas) sino también en el funcionamiento de la administración pública en general. Por ejemplo, la eliminación del antejuicio político para todos los altos funcionarios del Estado terminaría por alejar a ciudadanos talentosos y con vocación de servicio de la carrera pública. En un momento en que es necesario construir un funcionamiento del Estado al servicio de los ciudadanos, el Congreso decide seguir destruyendo. Es necesario que nuestras autoridades y políticos entiendan que las tácticas y enfrentamientos políticos que usan como herramientas cambios constitucionales o legales tienen consecuencias que van más allá de los rebotes en las redes sociales y los titulares del día siguiente. En pocas semanas se está mermando fuertemente la capacidad del país de recuperarse de las crisis del COVID-19 y de la crisis general de instituciones en la que vivimos desde hace varios años.
En esta coyuntura, nuestros parlamentarios requieren reflexión y debate. En los temas económicos, por ejemplo, no pueden hacer oídos sordos a opiniones tan calificadas como las del MEF, el BCR y la SBS y responder a ellas –cuando no les gustan– con todo menos con argumentos técnicos. Adicionalmente, los líderes de las organizaciones políticas representadas en el parlamento deben asumir también la responsabilidad que implica el accionar de las bancadas que los representan y velar por un mínimo de responsabilidad, orden y mirada de largo plazo.
Por su parte, el Ejecutivo necesita menos anuncios, más gestión y sobre todo resultados. En el ámbito de las reformas políticas, por ejemplo, no puede dejarlas prácticamente abandonadas como lo hizo hasta hace relativamente poco. El referéndum del año pasado fue solo el inicio del camino de las reformas políticas que el Perú tanto necesita. El Gobierno podría tomar la iniciativa y buscar activamente y con urgencia el diálogo y discusión con el Congreso. Este diálogo debería darse menos a través de micrófonos, cámaras y tuits, y más en sesiones de trabajo de equipos técnicos liderados por autoridades políticas enfocadas en buscar lo mejor para el país.
En el ámbito económico también es hora de mostrar más acción y liderazgo que anuncios públicos. La lentitud e inefectividad para ejecutar algunos programas de apoyo a la economía anunciados no puede continuar. El Ejecutivo requiere además de buenos diseños, sumar esfuerzos al interior del gabinete ministerial y capacidad para movilizar a gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, el Programa Arranca Perú, que tiene un diseño interesante en el papel, se deberá ejecutar principalmente a través de gobiernos subnacionales. Para lograr que este programa efectivamente arranque y progrese se necesitará, entonces, de un liderazgo y gestión intensa de parte del Ejecutivo para que la administración pública se mueva en la dirección y velocidad requeridas.
En las próximas semanas nos jugamos mucho en la economía y la política. Lo que hagamos o dejemos de hacer marcará fuertemente los siguientes cinco años, por lo menos. Pensemos en eso.
Hugo Santa María
Socio, Economista Jefe
APOYO Consultoría
In the last month, the political panorama has been marked by the beginning of the electoral race. The electoral schedule requires possible candidates who want to participate in the next electoral process to be affiliated with a political organization.
During the second quarter, GDP would have grown at a higher rate than during the first quarter, mainly due to the recovery of the primary sectors.
In the month of May, the Attorney General, Juan Carlos Villena, filed a constitutional complaint against President Dina Boluarte, for the alleged crime of improper passive bribery to the detriment of the State.
