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Panorama político

01/06/2020

Incremento de los riesgos para el orden interno y la conflictividad social

La capacidad de respuesta del Ejecutivo para afrontar la crisis sanitaria continúa desbordada dado que, a la fecha, aún existe un alto número de contagios diarios por COVID-19 y el sistema de salud sigue colapsado. Dada esta situación, el Gobierno tomó la difícil decisión de extender la cuarentena hasta el 30 de junio.

En este contexto, el agravamiento de la situación económica de las familias siguió elevando el descontento social. Ello se sustenta en el deterioro de la situación económica de millones de familias y se viene evidenciando en tres ámbitos específicos: (i) el incremento en la delincuencia, (ii) el continuo aumento de las solicitudes de traslados humanitarios (“los retornantes”) de Lima a distintas regiones del país y, (iii) en que la situación del contagio en los penales ha seguido agravándose. Al respecto, el 28 de mayo, el Congreso delegó facultades al Poder Ejecutivo para legislar por siete días calendario en aras de reducir rápidamente el hacinamiento de los penales.

Hacia adelante, vemos dos riesgos políticos crecientes para el entorno de negocios. Por un lado, el aumento de la conflictividad social tanto a nivel general como para las empresas, especialmente en el sector minero. Dicho riesgo se ha elevado para las empresas (i) porque el inicio de la reapertura económica ha exacerbado el riesgo de contagio de los trabajadores, proveedores o clientes de la empresa, lo que podría generar nuevos riesgos sociales y reputacionales; (ii) la fuerte crisis económica está generando una alta cantidad de despidos que podrían devenir en conflictos laborales.

Por otro lado, dado el entorno de fuerte crisis económica, las elecciones tanto del Tribunal Constitucional como las generales del 2021, podrían dejar secuelas permanentes y negativas para el entorno político y regulatorio de los próximos años.

En suma, la pandemia ha elevado los riesgos para el entorno de negocios, tanto en el corto como en el largo plazo. La magnitud de estos riesgos dependerá, primero, del liderazgo del Gobierno en el manejo de las crisis sanitaria, económica y la consecuente crisis social que se estaría gestando; segundo, de la evolución del debate regulatorio en el Congreso y, tercero, del posicionamiento del sector privado en este difícil entorno.

Esta información forma parte del reporte Panorama político.
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OUR PERSPECTIVE

Sondeo SAE

De acuerdo con el sondeo empresarial realizado durante la semana del 12 al 16 de octubre a los clientes del SAE, siete de cada diez ejecutivos califica al riesgo regulatorio desde el Congreso con el máximo grado de preocupación para la toma de decisiones de inversión en sus organizaciones empresariales en los próximos 12 meses.

Panorama fiscal

La crisis ocasionada por el COVID-19 generará un severo deterioro de las cuentas fiscales en el Perú. Si no se implementan medidas, el incremento de la deuda pública sería insostenible. Si se implementan algunas medidas tributarias, se podría estabilizar la deuda pública alrededor de 40% del PBI. Aún hay espacio para generar mejoras adicionales y estabilizar la deuda pública en el límite legal de 30% del PBI.

Economic outlook

Economic recovery continued to lose impulse in September. However, in September there were some positive signs on the economic and public health fronts. The above is positive news, but it is still too soon to expect an acceleration of economic recovery towards the end of the year.

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