La capacidad de respuesta del Ejecutivo para afrontar la crisis sanitaria continúa desbordada dado que, a la fecha, aún existe un alto número de contagios diarios por COVID-19 y el sistema de salud sigue colapsado. Dada esta situación, el Gobierno tomó la difícil decisión de extender la cuarentena hasta el 30 de junio.
En este contexto, el agravamiento de la situación económica de las familias siguió elevando el descontento social. Ello se sustenta en el deterioro de la situación económica de millones de familias y se viene evidenciando en tres ámbitos específicos: (i) el incremento en la delincuencia, (ii) el continuo aumento de las solicitudes de traslados humanitarios (“los retornantes”) de Lima a distintas regiones del país y, (iii) en que la situación del contagio en los penales ha seguido agravándose. Al respecto, el 28 de mayo, el Congreso delegó facultades al Poder Ejecutivo para legislar por siete días calendario en aras de reducir rápidamente el hacinamiento de los penales.
Hacia adelante, vemos dos riesgos políticos crecientes para el entorno de negocios. Por un lado, el aumento de la conflictividad social tanto a nivel general como para las empresas, especialmente en el sector minero. Dicho riesgo se ha elevado para las empresas (i) porque el inicio de la reapertura económica ha exacerbado el riesgo de contagio de los trabajadores, proveedores o clientes de la empresa, lo que podría generar nuevos riesgos sociales y reputacionales; (ii) la fuerte crisis económica está generando una alta cantidad de despidos que podrían devenir en conflictos laborales.
Por otro lado, dado el entorno de fuerte crisis económica, las elecciones tanto del Tribunal Constitucional como las generales del 2021, podrían dejar secuelas permanentes y negativas para el entorno político y regulatorio de los próximos años.
En suma, la pandemia ha elevado los riesgos para el entorno de negocios, tanto en el corto como en el largo plazo. La magnitud de estos riesgos dependerá, primero, del liderazgo del Gobierno en el manejo de las crisis sanitaria, económica y la consecuente crisis social que se estaría gestando; segundo, de la evolución del debate regulatorio en el Congreso y, tercero, del posicionamiento del sector privado en este difícil entorno.
Esta información forma parte del reporte Panorama político.
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In the last month, the political panorama has been marked by the beginning of the electoral race. The electoral schedule requires possible candidates who want to participate in the next electoral process to be affiliated with a political organization.
During the second quarter, GDP would have grown at a higher rate than during the first quarter, mainly due to the recovery of the primary sectors.
In the month of May, the Attorney General, Juan Carlos Villena, filed a constitutional complaint against President Dina Boluarte, for the alleged crime of improper passive bribery to the detriment of the State.
