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Panorama político

01/06/2020

Incremento de los riesgos para el orden interno y la conflictividad social

La capacidad de respuesta del Ejecutivo para afrontar la crisis sanitaria continúa desbordada dado que, a la fecha, aún existe un alto número de contagios diarios por COVID-19 y el sistema de salud sigue colapsado. Dada esta situación, el Gobierno tomó la difícil decisión de extender la cuarentena hasta el 30 de junio.

En este contexto, el agravamiento de la situación económica de las familias siguió elevando el descontento social. Ello se sustenta en el deterioro de la situación económica de millones de familias y se viene evidenciando en tres ámbitos específicos: (i) el incremento en la delincuencia, (ii) el continuo aumento de las solicitudes de traslados humanitarios (“los retornantes”) de Lima a distintas regiones del país y, (iii) en que la situación del contagio en los penales ha seguido agravándose. Al respecto, el 28 de mayo, el Congreso delegó facultades al Poder Ejecutivo para legislar por siete días calendario en aras de reducir rápidamente el hacinamiento de los penales.

Hacia adelante, vemos dos riesgos políticos crecientes para el entorno de negocios. Por un lado, el aumento de la conflictividad social tanto a nivel general como para las empresas, especialmente en el sector minero. Dicho riesgo se ha elevado para las empresas (i) porque el inicio de la reapertura económica ha exacerbado el riesgo de contagio de los trabajadores, proveedores o clientes de la empresa, lo que podría generar nuevos riesgos sociales y reputacionales; (ii) la fuerte crisis económica está generando una alta cantidad de despidos que podrían devenir en conflictos laborales.

Por otro lado, dado el entorno de fuerte crisis económica, las elecciones tanto del Tribunal Constitucional como las generales del 2021, podrían dejar secuelas permanentes y negativas para el entorno político y regulatorio de los próximos años.

En suma, la pandemia ha elevado los riesgos para el entorno de negocios, tanto en el corto como en el largo plazo. La magnitud de estos riesgos dependerá, primero, del liderazgo del Gobierno en el manejo de las crisis sanitaria, económica y la consecuente crisis social que se estaría gestando; segundo, de la evolución del debate regulatorio en el Congreso y, tercero, del posicionamiento del sector privado en este difícil entorno.

Esta información forma parte del reporte Panorama político.
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OUR PERSPECTIVE

Nota del Economista Jefe

El discurso del 28 de julio del presidente Martín Vizcarra fue de 115 minutos de palabras que dijeron muy poco sobre las acciones concretas a ejecutar para apoyar la recuperación económica y para enfrentar eventuales rebrotes del COVID-19. Se perdió así una gran oportunidad para reducir, aunque sea en algo, la tremenda incertidumbre en la que vivimos todos los peruanos.

Empleo informal

En junio, el número de trabajadores en Lima Metropolitana se recuperó respecto de los meses previos. Sin embargo, la mayor parte de la mejora fue resultado del “rebote” de los trabajos informales y de salarios bajos. De hecho, en ese mes el subempleo recuperó sus niveles previos a la emergencia y, luego de una década, superó en número a los adecuadamente empleados.

Nota del Economista Jefe

Los informes de esta semana del equipo de APOYO Consultoría sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en el empleo nos dejan un duro mensaje: al cierre del 2020, aproximadamente 600 mil familias dejarán de ser clase media y casi un tercio de la población caerá por debajo de la línea de pobreza. Esto significa un retroceso de casi 10 años.

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