El mercado de vehículos nuevos ha sido severamente afectado por las medidas establecidas para evitar la propagación del COVID-19 en el Perú. Estas medidas, generalizadas a casi toda la actividad productiva en el país, afectaron a todos los segmentos del sector, desde autos hasta camiones. De hecho, las cifras oficiales de abril muestran que las ventas totales fueron equivalentes a apenas el 5% de lo que se vendía pre COVID-19.
Dado que se han aligerado ciertos procedimientos para la reactivación de algunas actividades desde la última semana de mayo, probablemente en algún momento de junio las empresas del sector puedan reiniciar la atención presencial, aunque con restricciones. Sin embargo, este periodo de más de dos meses de inactividad causará las peores caídas históricas en las ventas de vehículos en el 1S2020 (-56% según estimaciones de APOYO Consultoría).
Las perspectivas de crecimiento de la demanda interna en el 2S2020 resultan sombrías. Según los sondeos de confianza empresarial de APOYO Consultoría y la actualización de los planes estratégicos de empresas claves, la contracción de la inversión privada será severa y traerá consigo ajustes drásticos en el empleo formal privado en el 2S2020. En un escenario de normalización lenta pero sostenida de la economía, el PBI se contraería 14% en el 2020 y las ventas de vehículos apenas alcanzarán las 80 mil unidades, un nivel de una década atrás. El sector automotor a nivel global y local no volverá a ser el mismo luego del COVID-19.
Esta información forma parte del reporte Nota de Mercado del sector automotor.
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In the last month, the political panorama has been marked by the beginning of the electoral race. The electoral schedule requires possible candidates who want to participate in the next electoral process to be affiliated with a political organization.
During the second quarter, GDP would have grown at a higher rate than during the first quarter, mainly due to the recovery of the primary sectors.
In the month of May, the Attorney General, Juan Carlos Villena, filed a constitutional complaint against President Dina Boluarte, for the alleged crime of improper passive bribery to the detriment of the State.
