Enero estuvo marcado por la intensificación de la violencia a nivel nacional, especialmente en el sur del país. La diversidad de actores y de intereses ha dificultado que el Gobierno logre identificar interlocutores válidos para entablar el diálogo; además, en el Congreso no se han alcanzado consensos para aprobar el adelanto de elecciones y con ello establecer una salida a la crisis política. APOYO Consultoría realizó un sondeo entre el 2 y 7 de febrero a los ejecutivos de las más de 300 empresas e instituciones clientes del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) con el fin de identificar los principales impactos de la conflictividad y crisis política sobre el entorno de negocios.
En primer lugar, el índice de confianza para invertir de APOYO Consultoría, que se mantiene en terreno pesimista desde abril del año pasado, tuvo una nueva caída como producto de la convulsión social y crisis política. En esta coyuntura de incertidumbre, en la que resulta difícil establecer escenarios de mediano y largo plazo, se hace más complejo planificar inversiones. Si bien se ha identificado una disminución en la frecuencia de manifestaciones y actos de violencia, la incapacidad de los poderes del Estado para plantear una salida clara a la crisis podría mantener la confianza en niveles negativos.
La convulsión social ha tenido un marcado impacto en el entorno de negocios. El 78% de ejecutivos señaló que ha sufrido un impacto medio a muy alto sobre las operaciones de su empresa en el mes de enero. Además de importantes pérdidas humanas, las manifestaciones han dejado daños materiales a la propiedad pública y privada, incluyendo aeropuertos, minas, fábricas y comisarías. Ello implicó la paralización de algunos sectores productivos y dificultades en el abastecimiento. Pese a la reciente disminución en la frecuencia de las manifestaciones y ola de violencia, se espera que el descontento ciudadano se mantenga exacerbado durante los próximos meses debido a que no se ha encontrado una salida clara a la crisis política. Por ello, se espera que se presenten brotes de conflictividad durante el 2023, afectando la productividad de los sectores.
Con respecto al adelanto de elecciones, el 36% de ejecutivos anticipó que, en caso estas se convoquen para el 2023, los flujos de inversión en sus negocios podrían reducirse. Mientras tanto, más del 50% de clientes señaló que sus inversiones se mantendrán iguales. La menor predictibilidad respecto a la crisis política tendría un impacto sobre los flujos de inversión; sin embargo, no se prevé que en las próximas semanas el Congreso encuentre consensos políticos respecto al adelanto de elecciones. De no aprobarse el adelanto en la actual legislatura (que termina el 17 de febrero) resulta poco probable que las elecciones generales tomen lugar en el 2023, debido a los acotados plazos.
En esta coyuntura de crisis y descontento frente a la clase política se ha identificado una amplia gama de demandas, incluyendo la convocatoria a una asamblea constituyente. Si bien se ha retomado el ruido político en torno a un referéndum constituyente e incluso condicionado el adelanto de elecciones a este por parte de las bancadas de izquierda, esto resulta inviable en los próximos meses debido a la falta de consenso en el Congreso. En esa línea, el 54% de ejecutivos coincidió en que la aprobación de una asamblea constituyente en los próximos 12 meses tiene una probabilidad baja o muy baja de concretarse.
Hacia adelante dos aspectos seguirán siendo fuente de preocupación para el entorno de negocios: la aprobación del adelanto de elecciones y la contención de la convulsión social. Por su lado, el Congreso parece no responder ante la presión ciudadana y resulta poco probable que se concreten las elecciones para el 2023; además, la presidente Boluarte parece mantenerse estable pese a su bajo capital político. Asimismo, la falta de decisión respecto a las elecciones, en el contexto del fin de la legislatura, podría mantener a un sector de la ciudadanía exacerbado durante los próximos meses.
Jefa de Análisis Político
Last month, we identified four pieces of good news for the business environment: (i) lower prices of certain imported goods, (ii) lower political risk, (iii) improved business confidence, and (iv) some stabilization in local financial variables.
Six months into the administration, signs of an impending deterioration in the relationship between the Executive and Congress are starting to surface.
After a challenging start of the year, characterized by social conflicts and heavy rains, the Peruvian economy has begun to show signs of recovery, albeit at a slow pace.
