En los próximos meses, la economía peruana enfrentará la peor recesión en 30 años y el nivel de gravedad que esta alcanzará aún es incierto. Lamentablemente, esta contracción en la actividad económica destruirá miles de puestos de trabajo formales. En APOYO Consultoría estimamos que la caída podría llegar a ser de alrededor de 20% o más de 700 mil empleos este año. Esto aumentará los niveles de informalidad y generará un deterioro significativo en indicadores sociales críticos, como la pobreza y la anemia.
En abril, realizamos un Sondeo SAE entre los ejecutivos de más de 300 empresas clientes, en el cual se añadió una muestra de 70 empresas del sector restaurantes pertenecientes al gremio GRECA.56 para entender la realidad de uno de los sectores más afectados por las restricciones operativas. El sondeo revela un panorama sombrío: la mayoría de las empresas ya prevé que tendrá dificultades para sostener la continuidad de su negocio en los próximos seis meses. Esta situación será más grave en el sector restaurantes, donde nueve de cada diez empresas estiman que será extremadamente o muy difícil darle continuidad al negocio.
A esto se suma que las empresas clientes del SAE estiman que el retorno a la normalidad operativa tomará, en promedio, ocho meses y, en ese período, deberán afrontar retos en diversos frentes – como salvaguardar la salud financiera y cuidar la salud de sus trabajadores–.
Dado este contexto de crisis, el 90% de los ejecutivos consultados declaran que necesitarán realizar reducciones importantes en su planilla en los próximos tres meses. Es probable que este ajuste se inicie de manera bastante rápida, considerando que cerca de 2,4 millones de puestos de trabajo formales son a plazo fijo (de los 3,5 millones en el sector formal) y que aproximadamente el 6% de estos vence cada mes. La magnitud de la reducción de la planilla será muy drástica en el sector restaurantes ya que, en promedio, lo harán en un 47% del total (casi el triple que en el caso de los clientes del SAE).
Para aliviar la carga de las empresas y así evitar mayores quiebras y despidos, el Gobierno ha dispuesto una serie de medidas que buscan proteger la cadena de pagos. Entre ellos está el subsidio del salario de trabajadores (menores de S/1 500 mensuales), líneas de financiamiento garantizadas, y la postergación del pago de impuestos. Sin embargo, a la fecha, el 80% de los ejecutivos considera que dichas medidas son insuficientes para evitar los despidos en los próximos seis meses.
En medio de la crisis que viven las empresas –de todo tamaño–, el Gobierno aprobó la suspensión perfecta de labores (otorgar una licencia sin goce de haber a sus trabajadores por tres meses) en aras de reducir el número de despidos y minimizar el impacto económico sobre las empresas. Si bien la mitad de las empresas consultadas consideraba que esa política iba a ayudar a reducir el número de despidos, los ejecutivos consultados consideran que otras medidas son necesarias como la postergación del pago de cargas laborales y la facultad para revisar salarios por mutuo acuerdo, entre otras.
Durante abril, la presión al alza y la volatilidad en los precios de algunos commodities fue alta. Hubo una serie de ataques entre Israel e Irán, que intensificaron los temores a nivel global de que la guerra en Medio Oriente escale.
En abril, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 45 puntos. Este resultado, similar a los observados durante el primer trimestre, sugiere que la confianza de los consumidores limeños se está estabilizando en un nivel que es el más alto de los últimos cuatro años, pero que aún está por debajo de los niveles prepandemia.
En febrero, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 47 puntos. Dicha cifra, consolida la tendencia de mejora en los últimos meses y representa el nivel más alto desde febrero del 2020 (ver gráfico inferior).
