El balance de la semana, por Hugo Santa María
Lamentablemente, el inicio del largo camino de la recuperación económica ha estado acompañado de un aumento importante de la tasa de contagios del COVID-19. Esto ha llevado al Gobierno a decretar nuevas cuarentenas en seis regiones y 36 provincias y a restringir la movilidad de las personas los domingos.
En las seis regiones y 36 provincias afectadas por la nueva cuarentena vive el 36% de los hogares a nivel nacional y se produce aproximadamente un tercio del PBI. Según la información de la Encuesta Nacional de Hogares, gran parte de estas familias logra ingresos de manera independiente y en el sector informal, por lo que dependen en gran medida de la actividad económica diaria para su sustento. La norma publicada señala que las actividades económicas permitidas actualmente podrán seguir operando, pero se puede anticipar que restringirá la actividad de trabajadores independientes informales, principalmente.
Adicionalmente, se ha restringido la movilidad de personas los domingos, lo que será un obstáculo importante para los esfuerzos de recuperación que están haciendo sectores como restaurantes y actividades comerciales en general (entre ambos emplean a más de 4,6 millones de personas) y podría aumentar el riesgo de contagio al promover mayor concentración de personas otros días de la semana (¡como ya sucedió antes!).
¿Qué hacer frente a esta situación? En primer lugar, el despliegue efectivo e inmediato del segundo bono universal es urgente. En segundo lugar, como han señalado Pablo Lavado (Universidad del Pacífico), César Liendo (Compañía Minera Antamina) y José Carlos Saavedra (APOYO Consultoría), estas transferencias de efectivo deben ser complementadas con programas de inversión que ofrezcan en el muy corto plazo oportunidades de empleo a la población y comiencen a atender las necesidades de infraestructura básica en las zonas más vulnerables. Desde hace muchos años se tiene identificados “combos básicos” de infraestructura en las regiones del país, que podrían finalmente comenzar a pasar de los planes a la realidad.
Hace un par de semanas, Felipe Ortiz de Zevallos escribió en Perú 21: “Al explicar por qué el Perú perdió la Guerra del Pacífico en el siglo XIX, Basadre precisó dos causas: el Estado empírico y el abismo social. Y al resumir las razones por la que esta pandemia viene golpeando tan duramente al Perú del siglo XXI, uno podría contestar igual”. No esperemos, pues, de nuestro Estado respuestas a la pandemia comparables con las de los países más avanzados. Tenemos un Estado disfuncional que durante los últimos 20 años ha casi cuadruplicado su presupuesto, pero ha agregado mucha más grasa que músculo. ¿Qué podemos pedirle a este aparato estatal? Desplegar de inmediato algunas medidas de urgencia y un esfuerzo mayor por “aprender al vuelo”, para ajustar y corregir lo que no funciona. Entre las grandes reformas que el Perú debe acometer de cara al Bicentenario, la reforma del Estado ocupa, sin duda, un lugar principal.
¡Fuerza, Perú!
Hugo Santa María
Socio y Economista Jefe
APOYO Consultoría
Durante abril, la presión al alza y la volatilidad en los precios de algunos commodities fue alta. Hubo una serie de ataques entre Israel e Irán, que intensificaron los temores a nivel global de que la guerra en Medio Oriente escale.
En abril, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 45 puntos. Este resultado, similar a los observados durante el primer trimestre, sugiere que la confianza de los consumidores limeños se está estabilizando en un nivel que es el más alto de los últimos cuatro años, pero que aún está por debajo de los niveles prepandemia.
En febrero, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 47 puntos. Dicha cifra, consolida la tendencia de mejora en los últimos meses y representa el nivel más alto desde febrero del 2020 (ver gráfico inferior).
