El martes 17 de noviembre –luego de una semana de manifestaciones sostenidas en todo el país que condujeron a la renuncia de Manuel Merino–, Francisco Sagasti, congresista del Partido Morado, asumió la Presidencia de la República. La crisis política escaló a niveles máximos en 20 años y, lamentablemente, produjo la muerte de dos jóvenes y decenas de heridos. Esta crisis ha cambiado el entorno político y, dada la precariedad institucional del país, no se puede afirmar que los próximos meses serán más calmados.
El primer cambio relevante es en el balance de poderes, que aún está consolidándose. Por el momento, hay señales de que el capital político del Ejecutivo estaría un poco más fortalecido luego de la crisis. Primero, el Gobierno de transición sí cuenta con el respaldo de un partido político y con una bancada en el Congreso. Segundo, se ha conformado un gabinete ministerial con perfiles mixtos y experiencia en el sector público. Tercero, el nombramiento de Waldo Mendoza como ministro de Economía y Finanzas podría fortalecer la capacidad del MEF para mitigar los impactos del riesgo regulatorio desde el Congreso. Cuarto, la oposición política en el Congreso llega, por el momento, debilitada de cara a la opinión pública.
El segundo cambio en el entorno ha sido la activación de la protesta social y el rol de la opinión pública que probablemente ha ganado mayor peso en las decisiones de las autoridades. Hacia adelante, la evolución de la protesta social es incierta, principalmente porque la sociedad civil en el Perú suele estar fragmentada y carece de instituciones fuertes que logren articularla y canalizarla. Cabe resaltar, sin embargo, que un factor que se debe tomar en cuenta es el nuevo rol que puedan cobrar las redes sociales en la articulación y movilización de la sociedad civil.
A pesar de la mejora en el capital político del Ejecutivo y el desprestigio del Congreso, el riesgo regulatorio continuará alto. Principalmente, porque desde su instalación, el Congreso ha mostrado un alto nivel de consenso respecto a medidas de populismo microeconómico y lo más probable es que este se mantenga en aras de incrementar su aprobación ciudadana, que se encuentra en mínimos históricos (9% según Ipsos Perú).
En conclusión, si bien luego de la crisis el Poder Ejecutivo se ha visto un poco fortalecido, aún estamos ante un equilibrio político precario dado que nuestras debilidades institucionales siguen presentes y la oposición política podría cobrar fuerza nuevamente, rápidamente.
Durante abril, la presión al alza y la volatilidad en los precios de algunos commodities fue alta. Hubo una serie de ataques entre Israel e Irán, que intensificaron los temores a nivel global de que la guerra en Medio Oriente escale.
En abril, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 45 puntos. Este resultado, similar a los observados durante el primer trimestre, sugiere que la confianza de los consumidores limeños se está estabilizando en un nivel que es el más alto de los últimos cuatro años, pero que aún está por debajo de los niveles prepandemia.
En febrero, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 47 puntos. Dicha cifra, consolida la tendencia de mejora en los últimos meses y representa el nivel más alto desde febrero del 2020 (ver gráfico inferior).
