En las últimas cuatro semanas la conflictividad social, que ya venía al alza desde el cambio de mando, se ha agudizado a lo largo del país. Las causas de fondo son la inflación y el deterioro de las condiciones de vida, así como la existencia de expectativas insatisfechas en un sector de la población.
La respuesta del Ejecutivo ante el agravamiento de la conflictividad ha sido la promoción e implementación de medidas efectistas, como el aumento del Salario Mínimo Vital, el otorgamiento de bonos, subsidios y la reducción de impuestos. La mayoría de estas medidas, que no tienen un carácter focalizado, representan un alto costo fiscal y es probable que no se traduzca en mejoras tangibles.
Ante la pérdida de capital político, el desborde popular y el visible deterioro de los servicios públicos, el Ejecutivo ha recurrido a la coartada de la Asamblea Constituyente. La propuesta de reforma constitucional para cambiar la Constitución a través de una Constituyente, sin embargo, tiene muy pocas probabilidades de ser aprobada en el Congreso, donde la correlación de fuerzas no favorece al Ejecutivo.
En medio del creciente desencanto ciudadano, un sector importante de la población comienza a apoyar el adelanto de elecciones generales. Aunque las probabilidades de que esta propuesta se apruebe en el corto plazo son bajas, no puede descartarse que prospere en el mediano plazo.
Hacia adelante, no se observa un giro en la dirección del Gobierno. Más bien, se avizora la prolongación de la situación de desgobierno, deterioro institucional, conflictividad y tensión entre los poderes del Estado.
Jefa de Análisis Político
Durante abril, la presión al alza y la volatilidad en los precios de algunos commodities fue alta. Hubo una serie de ataques entre Israel e Irán, que intensificaron los temores a nivel global de que la guerra en Medio Oriente escale.
En abril, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 45 puntos. Este resultado, similar a los observados durante el primer trimestre, sugiere que la confianza de los consumidores limeños se está estabilizando en un nivel que es el más alto de los últimos cuatro años, pero que aún está por debajo de los niveles prepandemia.
En febrero, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 47 puntos. Dicha cifra, consolida la tendencia de mejora en los últimos meses y representa el nivel más alto desde febrero del 2020 (ver gráfico inferior).
