La primera protesta social que tuvo que enfrentar el gobierno del presidente Sagasti ha sido protagonizada por trabajadores vinculados con la agroindustria de exportación, inicialmente centrada en la región Ica, que aporta la quinta parte de las exportaciones del sector agrícola no tradicional. Las demandas sociales se centraban en tres temas principales: (i) la eliminación de las services, (ii) el aumento de la remuneración diaria (de S/39,2 a S/70) con acceso a mayores beneficios y (iii) estabilidad laboral. Como consecuencia de las medidas de protesta, que incluyeron el bloqueo de importantes vías de comunicación, el Congreso -con el apoyo tácito del Gobierno que no observó la medida- derogó la Ley de Promoción Agraria (LPA) con el compromiso de presentar un nuevo marco normativo en los próximos días. Aunque no se conocen los detalles, es probable que se apunte al diseño de un marco similar al régimen general de la actividad privada.
En opinión de APOYO Consultoría, las principales demandas sociales no se atienden con la derogación de la Ley y su reemplazo por un marco parecido al del Régimen General de la actividad privada. En primer lugar, debido a que con un esquema poco flexible de estabilidad laboral no se tomaría en cuenta la estacionalidad de la demanda de mano de obra, una característica estructural de la agroindustria de exportación. En segundo lugar, la contratación a través de services ya está bastante limitada por lo que la informalidad en la mayoría de las empresas grandes no sería un problema. Aparentemente, si se orientasen más recursos para mejorar la supervisión laboral (MTPE y Sunafil) este problema sería adecuadamente atendido. En tercer lugar, la LPA permitía realizar ajustes en la remuneración integral diaria en el mismo porcentaje en que se efectúan los aumentos de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y los beneficios laborales (CTS y gratificaciones), dado que estaban incluidos en el pago de la remuneración diaria. La sustitución de la LPA por el Régimen General no genera garantía que se concretarán los aumentos salariales solicitados.
La discusión del nuevo marco laboral agrario genera una elevada incertidumbre debido a que el régimen general de la actividad privada es considerado como un marco que desincentiva la contratación formal a plazo indeterminado y cuyo esquema de contratación temporal es bastante rígido en la práctica. El marco laboral no es el único tema en discusión de la reforma. En paralelo, se plantea la eliminación de las exoneraciones tributarias relacionadas con el alza de la tasa de 15% del impuesto a la renta al 29,5%, como los demás sectores productivos. Un nuevo marco tributario apresurado, sin mecanismos de gradualidad en los ajustes y elaborado sin considerar todos los factores relevantes para la sostenibilidad del sector le restaría la competitividad ganada durante las últimas dos décadas.
El mayor impacto se daría en las medianas y pequeñas empresas, y en las empresas poco diversificadas. En el caso de las empresas más grandes, estas probablemente acelerarían sus planes de inversión en automatización y de compra de tierras en países vecinos. En conclusión, la nueva legislación debería reconocer la estacionalidad del sector agrícola y las limitaciones del actual Régimen General como factores críticos en el nuevo marco normativo.
Finalmente, las discusiones en el Congreso acerca de una nueva ley general del régimen agrario parecen olvidar que la LPA derogada cubría a menos del 10% de los trabajadores del campo. La gran mayoría de agricultores peruanos se orienta hacia la agricultura tradicional y de subsistencia que se caracteriza por la informalidad y una presencia del Estado casi fantasmal. Según estimados de APOYO Consultoría, la masa salarial formal generada en el agro – especialmente orientado a la exportación- creció a un ritmo promedio de 12,5% anual durante el período 2009-2019, en línea con el incremento de 13,5% en las agroexportaciones no tradicionales en el mismo período. En cambio, en los últimos nueve años la masa salarial informal -vinculada con la agricultura tradicional o de subsistencia- mostró un prolongado estancamiento. En parte, esto se explica por el traspaso de trabajadores del segmento informal hacia la agroexportación moderna pero también refleja cierta inacción del Estado por implementar políticas de competitividad hacia el agro tradicional.
En enero, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 42 puntos. Este resultado muestra un ligero aumento en la confianza de los consumidores en comparación con el trimestre anterior, aunque aún se mantiene en terreno pesimista y muy por debajo de los niveles observados previos a la pandemia.
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