El 23 de abril, el presidente Martín Vizcarra anunció el otorgamiento de un bono especial por S/760 a 6,8 millones de hogares urbanos y rurales en todo el país, lo que requerirá un presupuesto de S/5 168 millones. Este bono complementa los subsidios quincenales previamente otorgados a más de 3 millones de familias vulnerables con un presupuesto de entre S/2 000 y S/2 700 millones que aún está pendiente completar.
Bajo un escenario de aislamiento social obligatorio de 8 semanas (hasta el 10 de mayo), la mayoría de los hogares subsistirán sin una fuente importante de ingresos, por tanto, difícilmente podrán cubrir sus gastos esenciales. De hecho, una encuesta de Ipsos Perú, realizada luego de la primera quincena de cuarentena, encontró que 35% de los hogares urbanos habrían dejado de recibir ingresos en su totalidad, mientras que otro 31% sufrió una reducción significativa. Esta contracción en los ingresos y la baja capacidad de ahorro han afectado severamente la sostenibilidad de al menos dos de cada tres hogares.
El primer ministro Vicente Zeballos mencionó que la cobertura de este bono universal excluiría a aquellos hogares en que algún miembro registrara ingresos formales. Si se aplicase este criterio, se correría el riesgo de que un número importante de familias quedase fuera del bono universal y no se atienda a los 6,8 millones de hogares. Las fuentes de ingresos familiares son, en la práctica, más complejas. En la realidad, ambos tipos de ingresos conviven en una misma familia. Según estimaciones de APOYO Consultoría, 1,7 millones de familias peruanas registran ingresos mixtos -de fuentes formales e informales-. Incluso, en este tipo de hogares, casi el 45% de sus ingresos es informal.
Los primeros bonos quincenales establecidos por el Gobierno habrían sido cobrados por entre el 90% y 95% de las familias vulnerables seleccionadas. Sin embargo, identificar los siguientes segmentos, como los hogares de ingresos independientes, habría sido más complicado. Probablemente, los 6,8 millones de hogares mencionados por el Presidente -aparentemente, sin incluir a las familias venezolanas residentes, lo que sería preocupante- habrían sido estimados como diferencia del total de hogares en el país (9 millones) menos aquellos que cuenten con algún tipo de ingreso formal regular. Este último grupo de hogares excluidos del beneficio del bono correspondería a aquellos en donde la mayor parte de sus ingresos provienen del sector público o del sector privado formal. En este sentido, en el 2018 existían alrededor de 2,6 millones de hogares cuyos ingresos correspondían mayoritariamente (más del 50%) a fuentes de trabajo formales. Es decir, por diferencia, casi 6,5 millones se caracterizarán por depender mayoritariamente de fuentes de ingreso informales o por no contar con ingresos laborales (por ejemplo, agricultores de subsistencia, jubilados y desempleados), un nivel muy cercano a la cifra de beneficiados anunciada por el Presidente.
Según estimaciones de APOYO Consultoría, los S/760 del bono universal permitirán cubrir aproximadamente el 55% del gasto mensual promedio de los 6,5 – 6,8 millones de hogares que componen el grupo objetivo de este programa de gobierno.
La canalización de recursos financieros como parte de las medidas de alivio económico para las familias durante estas ocho semanas de aislamiento obligatorio representa un reto logístico importante para el Gobierno. El complicado proceso de identificar y llegar a los hogares necesitados ha dejado en evidencia la falta de un sistema de cuentas financieras individuales para toda la población y de rastreo, algo que podría haber sido facilitado por las nuevas tecnologías digitales. Alcanzar este bono universal a esos millones de familias con prontitud resulta crítico.
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
