El último viernes, la primera ministra, Mirtha Vásquez, encabezó una delegación de alto nivel conformada por representantes de diversas instituciones públicas para sostener una reunión con un grupo de autoridades y dirigentes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara en Ayacucho. En esta reunión –que no contó con la participación de las empresas mineras–, el Gobierno y algunos representantes de las comunidades firmaron un convenio respecto a la continuidad de operaciones de los proyectos mineros Apumayo, Breapampa, Inmaculada y Pallancata. De acuerdo al documento firmado, estas minas serían responsables de supuestos daños ambientales en algunas cabeceras de cuenca en la región. Los principales compromisos que asumió el Gobierno fueron los siguientes:
1. La constitución de una comisión ejecutiva encargada de negociar los plazos y términos del cierre de las cuatro unidades mineras.
2. La presentación de un cronograma de visita a las unidades mineras para revisar el proceso de cierre de las actividades con la participación de las comunidades para el día 15 de diciembre.
3. Establecer un cronograma de reuniones con las empresas mineras para revisar el cierre de minas y evaluar la situación de otros proyectos mineros que existan en la zona.
Adicionalmente, la primera ministra, Mirtha Vásquez, indicó que “respecto a las cuatro minas (…) no habrá ninguna ampliación más ni para procesos de explotación, exploración e incluso para cierre de minas”. El acuerdo y las declaraciones de Vásquez fueron duramente criticados dado que el proceso de cierre de una unidad minera no debería ser considerado una decisión política. Por el contrario, es un proceso técnico que está claramente regulado y que está sujeto a modificaciones a partir de las inversiones en exploración y explotación de las empresas mineras.
El viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, contradijo posteriormente las declaraciones de Vásquez, señalando que las empresas mineras pueden solicitar la ampliación de los plazos de cierre de minas, a través de las entidades competentes, en este caso, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entre otros. Asimismo, el lunes por la tarde, el presidente Castillo volvió a ratificar su compromiso de promoción de la inversión privada en minería, respetando el marco legal vigente y la estabilidad jurídica.
El cierre de las cuatro minas afectaría de manera directa al 1,5% del PBI minero peruano. 90% de esta producción proviene de las dos operaciones de la empresa minera Hochschild, Inmaculada y Pallancata. La primera de ellas cuenta con un proyecto de optimización que tiene por objetivo incrementar su capacidad de procesamiento de minerales y alargar la vida útil de la mina. Por ello, representantes de la empresa indicaron que llegarán hasta las últimas instancias legales para evitar el cierre de sus minas. Aun así, la incertidumbre tras el anuncio de Mirtha Vásquez generó que la cotización de las acciones de la minera en la bolsa de Londres se viera fuertemente afectada. Al cierre de hoy martes, se encontraba 30% por debajo del cierre del viernes pasado.
La decisión y los anuncios realizados por la primera ministra demuestran el desconocimiento de los reglamentos vigentes respecto al cierre de minas en el sector minero, y la poca prioridad que el Gobierno le asigna a los proyectos de extensión de vida útil (p.e. el proyecto de Optimización Inmaculada). En sus declaraciones, Vásquez habría excedido los límites de las funciones que debe ejercer su cargo, dado que no debería tener injerencia directa en los procesos administrativos estipulados.
Este suceso confirma las perspectivas de APOYO Consultoría respecto a un Gobierno predispuesto a ceder arbitrariamente ante demandas sociales, producto del deterioro de su imagen y las altas expectativas que generó la elección de Pedro Castillo en las zonas aledañas a las operaciones extractivas, en especial, del sector minero. Sin embargo, un acuerdo como el firmado la última semana, aun si es que el Gobierno recula en la decisión, aumenta las expectativas de las comunidades y el riesgo de contagio de mayor conflictividad en otras operaciones mineras. Además, eleva la incertidumbre dentro del sector por el preocupante compromiso de que el enfoque metodológico a implementarse por la ANA para la delimitación de las cabeceras de cuenca en esta zona de Ayacucho sería utilizado como modelo para su aplicación a nivel nacional. De esta manera, el entorno de negocios seguirá siendo adverso para atraer nuevas inversiones.
Finalmente, las declaraciones de la primera ministra, el viceministro de Minas y el presidente, revelan nuevamente las políticas y mensajes erráticos del Poder Ejecutivo que continúan deteriorando su credibilidad. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha intentado transmitir que este Gobierno busca incentivar la inversión privada –incluyendo la minera– respetando el marco legal vigente. No obstante, el anuncio de Vásquez no toma en cuenta los procedimientos y reglas que le permiten a una empresa minera solicitar una ampliación de la vida útil de la mina. Asimismo, la decisión de cerrar de manera arbitraria minas formales –que respetan las inspecciones de las instituciones autorizadas y que muestran predisposición a implementar las medidas correctivas necesarias–, y de manera simultánea no ser igual de estricto en el combate de la minería ilegal, no resulta coherente con los objetivos del Gobierno de promover la protección del medio ambiente.
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
