El Gobierno publicó esta semana un decreto legislativo que tiene como objetivo garantizar la continuidad y calidad del servicio de educación básica a distancia en los más de 26 mil de colegios privados, que atienden al 26% de los 8,1 millones de alumnos a nivel nacional. Estas medidas, en opinión de APOYO Consultoría, generarán un mayor riesgo de paralización de actividades en las entidades educativas privadas, sumidas actualmente en una severa crisis por la caída de sus ingresos ante el incremento sustancial de la mora en las pensiones. Como consecuencia, la implementación de estas medidas también representará un serio problema para los 1,4 millones de familias de los niveles socioeconómicos C, D y E que cuentan con hijos en colegios privados. Desafortunadamente, la realidad de la calidad educativa privada en los segmentos emergentes y populares presenta problemas estructurales que, en parte, también comparte –y nacen– con una educación pública deficiente.
Mediante DL 1476, el Gobierno exige que los colegios privados divulguen sus estructuras de costos fijos y variables, de manera que sirvan para que los padres de familia negocien el monto de las pensiones escolares en lo que resta del año, considerando que muy probablemente serán clases no presenciales. Con estos elementos, el Ministerio de Educación (Minedu) busca que los padres de familia decidan si aceptan un nuevo contrato de prestación de servicios o soliciten el traslado de sus hijos a otra institución educativa. El mayor riesgo de esta medida es que obliga al colegio a devolver el costo de la matrícula en caso no acepten el nuevo contrato. Durante los primeros dos o tres meses del año, cuando los colegios privados están en plena campaña de matrículas, utilizan dichos recursos en la remodelación, refacción y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento escolar, entre otros rubros. Por tanto, lo más probable es que la mayoría de los colegios ya ha invertido dicho capital.
A lo anterior se suma una brusca caída en los pagos de pensiones desde que empezó la cuarentena. Los ingresos de los hogares de NSE C, D y E han caído entre 50% y 54% durante estas semanas, de acuerdo con Ipsos Perú. Además, los hogares de estos segmentos socioeconómicos cuentan con una infraestructura y equipamiento limitados para facilitar la enseñanza virtual. En promedio, estas familias tienen entre uno y dos hijos en edad escolar mientras que su tenencia de computadoras es marginal (casi nula en NSE D y E y apenas una unidad en el NSE C). Es muy probable que el acceso a clases virtuales en estos segmentos se produce a través de smartphones (alta penetración) con las dificultades que esto genera.
En consecuencia, la situación de los colegios particulares en los segmentos de clase media emergente y populares –y de sus alumnos– es crítica. Las pensiones promedio en los colegios particulares que atienden a estos segmentos son de S/160, S/240 y S/380 soles mensuales para los NSE E, D y C, respectivamente. Definitivamente, la mayoría de ellos se verá forzado a renegociar sus pensiones debido a las medidas del Gobierno y eso dificultará la prestación de mejores servicios de educación virtual. La baja calidad educativa presencial en los colegios privados orientados a la clase media emergente y popular es un problema estructural, como en el caso de la educación universitaria, que se está enfrentando con una reforma seria y responsable a través del licenciamiento.
Es probable que mientras la oferta de educación pública no mejore – cuantitativa y cualitativamente– la labor del Gobierno debería tomar en consideración el establecimiento de incentivos a los colegios privados del segmento popular, como bonos o subsidios de una parte de la pensión, o apoyarlos con acceso a tablets para sus alumnos y contenidos educativos de uso libre para sus plataformas digitales.
Casi todas las industrias y sectores están intentando adaptar su oferta al mundo virtual con enormes dificultades. La educación pública y privada dirigida a los segmentos de clase media y emergente presenta el desafío de dar un salto total al mundo digital. Esto es imposible de lograr en apenas un par de meses. Más aún, cuando la cuarentena culmine y progresivamente los padres de familia se reintegren a sus centros de labores, la calidad de la enseñanza escolar presentará un problema adicional dado que muchos estudiantes no contarán con el apoyo adecuado para el seguimiento de sus lecciones y tareas en el mundo virtual. Ojalá que el Gobierno también aprenda la lección.
En enero, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 42 puntos. Este resultado muestra un ligero aumento en la confianza de los consumidores en comparación con el trimestre anterior, aunque aún se mantiene en terreno pesimista y muy por debajo de los niveles observados previos a la pandemia.
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