La situación económica de las familias se ha deteriorado drásticamente en el último mes. En febrero, el Indicca (Índice de Confianza del Consumidor de Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e Ipsos) retrocedió hasta los 36 puntos, nivel similar al del mes de abril del 2020 y el más bajo desde el inicio de la pandemia (ver gráfico inferior). Así, a pesar de que las nuevas restricciones sanitarias fueron menos estrictas que las del año pasado (con menor impacto sobre la operatividad de la actividad económica), el efecto negativo sobre la confianza de las familias ha sido significativo.
Este deterioro en la confianza de los consumidores se debe a que la nueva cuarentena se ha dado en un contexto en el que el mercado laboral aún no se ha recuperado. A pesar de que la actividad económica se habría contraído apenas 3% en enero, el empleo y el salario promedio en Lima Metropolitana continuaron cayendo a tasas de doble dígito en el mismo período (-13,5% y –12,4%, respectivamente). Más aún, la ampliación de las restricciones en febrero habría acentuado el impacto sobre la situación laboral. De hecho, el porcentaje de las familias que consideran más difícil encontrar trabajo volvió a incrementarse en febrero –por segundo mes consecutivo– (ver gráfico inferior).
Asimismo, la extensión de la cuarentena también ha afectado las expectativas de las familias sobre su situación económica futura. La incertidumbre con respecto a la evolución de la pandemia y, por tanto, a la duración de las medidas restrictivas habría deteriorado la confianza respecto a una mejora más clara en su situación laboral. Sumado a ello, factores adicionales como el elevado descontento político y la incertidumbre electoral también estarían generando un mayor pesimismo en las familias. De hecho, la aprobación de la gestión del presidente Francisco Sagasti alcanzó apenas 38% en febrero y alrededor del 30% de la población aún no decide su voto para las elecciones generales de abril. Así, cerca del 32% de los limeños considera que su situación económica empeorará en los próximos 12 meses, 10 puntos porcentuales por encima de lo observado en el 4T2020 (ver gráfico inferior).
Sin embargo, el deterioro en la confianza ha sido de mayor magnitud en las familias con menores ingresos (ver gráfico inferior). La extensión de las nuevas restricciones sanitarias ha afectado en mayor medida a los trabajadores del sector informal, pues son más vulnerables a perder su empleo dado que enfrentan menores rigideces contractuales. Además, cabe destacar que las familias de los niveles socioeconómicos (NSE) DE se emplean, en mayor proporción, de manera independiente y en el sector informal. Como consecuencia, lo más probable es que se haya ampliado la brecha entre los niveles socioeconómicos AB y CDE. De hecho, esto está ampliamente relacionado a la posibilidad de una recuperación económica en forma de K, la cual implica divergencias marcadas entre segmentos de la economía, población y mercados: mientras que unos se recuperan, otros retroceden (ver panorama económico de febrero).
En conclusión, la extensión de las cuarentenas focalizadas y las restricciones de operatividad en febrero ocasionó un retroceso importante en la confianza de los consumidores limeños e incrementó la brecha entre niveles socioeconómicos. Si bien el levantamiento de algunas restricciones sanitarias a partir de marzo podría tener un impacto positivo moderado en la situación económica de las familias, probablemente no será suficiente para generar una mejora significativa. Por este motivo, es clave que el Gobierno (i) otorgue con celeridad el nuevo bono a las familias, (ii) continúe con las medidas a favor de la protección de la cadena de pago relacionados con los sectores más afectados por las nuevas restricciones y (iii) apruebe medidas orientadas a limitar la destrucción de empleos. Solo así, se atenuaría el deterioro en la situación económica de las familias.
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
