En julio, el Índice de Confianza del Consumidor de Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e Ipsos (Indicca) cayó por segundo mes consecutivo. Este mes, el índice se ubicó en 38 puntos, dos puntos por debajo del resultado del mes pasado (ver gráfico inferior). Así, la confianza de los consumidores retrocedió hasta los niveles registrados en marzo del presente año -mes previo a la segunda vuelta electoral-.
Este deterioro en la confianza se ha dado a pesar de las claras mejoras en la situación sanitaria y las menores restricciones a la operatividad y movilidad social. De hecho, en el último mes, los consumidores no reportaron mejoras significativas sobre su situación económica presente y se mantuvo el pesimismo de cara a los próximos doce meses.
Así, dos factores explicarían el nuevo deterioro en la confianza de las familias el alza de precios y la mayor dificultad para encontrar empleo.
Primero, el incremento de precios registrado durante las últimas semanas ha continuado afectando a las familias. De hecho, el 96% de las familias limeñas -sin distinción por nivel socioeconómico- ha percibido en julio un aumento significativo de los precios con respecto a hace doce meses (ver primer gráfico en la siguiente página). Esto está en línea con el continuo incremento de la inflación que ha reportado el INEI. De hecho, en junio la inflación se aceleró a 3,3%, la mayor tasa de los últimos cuatro años. Esta tendencia se habría mantenido en julio, según los indicadores adelantados de precios mayoristas.
Segundo, la percepción sobre la facilidad para encontrar empleo volvió a deteriorarse en julio. En el último mes, el porcentaje de familias que considera más difícil encontrar empleo aumentó a 66% -seis puntos porcentuales por encima de junio ––(ver primer gráfico inferior). Esto está en línea con la reciente desaceleración del empleo en Lima Metropolitana (ver segundo gráfico inferior). En un contexto de alta incertidumbre sobre el rumbo de política económica del próximo Gobierno, probablemente el empleo -principalmente el formal- haya continuado deteriorándose durante julio debido a la suspensión de decisiones de inversión y contratación por parte de las empresas. De hecho, según el sondeo SAE de junio, la confianza para contratar registró el nivel más bajo desde junio del 2020.
En particular, esta situación ha sido más severa para las mujeres que los hombres. Si bien el impacto sobre el mercado laboral ha sido diferenciado según género desde el inicio de la pandemia, esto se habría agravado en el último mes. En julio, el porcentaje de mujeres que considera más fácil encontrar empleo se redujo cuatro puntos porcentuales en comparación con junio; mientras que, en el caso de hombres este porcentaje se incrementó (ver gráfico inferior).
Así, los resultados del Indicca sugieren que el nuevo deterioro en la confianza de los consumidores limeños estaría asociado principalmente al efecto del alza de precios y la dificultad para encontrar empleo. Esto representará un importante reto para el Gobierno entrante Probablemente el efecto de los precios internacionales y el tipo de cambio sobre la inflación tarde en disiparse algunos meses más. Por lo tanto, será indispensable que la nueva administración del Ejecutivo logre rápidamente generar confianza en el sector empresarial, de modo que se empiecen a reactivar los planes de inversión y contratación en los próximos meses. Esto será clave para acelerar el proceso de recuperación económica y frenar el deterioro de la confianza de las familias.
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
