El martes 21 de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicó un documento titulado “La Rentabilidad Social”, en el que intenta definir en qué consiste este concepto que se aplicaría para evaluar y aprobar la ejecución de proyectos mineros y energéticos. Este enfoque –que fue anunciado por el presidente Pedro Castillo en su discurso inaugural–, se basaría en la evaluación de siete criterios: (1) la dinamización de la economía,(2) la creación de ingresos para el Estado, (3) la contribución a la generación de empleos directos e indirectos, (4) mejoras a la infraestructura local y nacional, (5) transferencia tecnológica, (6) distribución de ingresos, estatus y poder, y (7) el efecto en ambiente y la cultura local. Iván Merino, titular del Minem, explicó durante su participación en la convención Rumbo a Perumin –el evento minero más importante del país–, que este nuevo criterio guiará “en adelante” el desarrollo de proyectos.
Según el documento publicado, el Minem medirá la rentabilidad social de un proyecto planteando preguntas para cada criterio y contando la cantidad de respuestas afirmativas. El Minem señala que “mientras mayor sea el número de respuestas afirmativas, mejor será la rentabilidad social del proyecto”. Por ejemplo, en el sexto criterio sobre distribución de ingresos, estatus y poder se establecen siete preguntas, entre las que se encuentran: “¿La distribución del ingreso en la localidad ha mejorado con la inversión del proyecto?”, “¿La movilidad social ha mejorado para los sectores menos favorecidos?”, “¿Los niveles de corrupción se han reducido en el entorno donde opera la nueva inversión?”. La redacción de estas preguntas no permite aclarar si los criterios serán aplicados solo a nuevos proyectos. Se podría interpretar que la rentabilidad social aplicará a los proyectos en operación, por lo que podría ser utilizada para renegociar sus contratos o condiciones tributarias.
La publicación de estos nuevos lineamientos no despeja la incertidumbre respecto a lo que significa el concepto de rentabilidad social. El Minem aún no ha esclarecido detalles de su implementación y el sustento técnico de su propuesta es muy limitado. Por ejemplo, aún es incierto cuáles serán los criterios específicos para decidir si una empresa es rentable socialmente. ¿Un proyecto minero será clasificado no rentable socialmente si tiene una respuesta negativa en las preguntas planteadas o se establecerá un mínimo de preguntas que un proyecto debe responder afirmativamente?
Además, aún no es claro sobre quién recaerá la responsabilidad de responder las preguntas de forma que se asegure una evaluación objetiva, ni cómo la autoridad responsable medirá criterios poco tangibles (movilidad social y corrupción, por ejemplo), ni cuáles serían las implicancias de calificar a una empresa socialmente no rentable.
Adicionalmente, algunas de las preguntas escapan a las competencias de las empresas. Por ejemplo, el efecto redistributivo de los proyectos mineros depende, principalmente, de los gobiernos locales y regionales, pues son estas instancias de gobierno las responsables de utilizar los ingresos mineros para implementar programas de desarrollo social. Si bien muchas empresas mineras y energéticas tienen programas de responsabilidad social, son complementarios a los programas públicos. Por último, aproximar la rentabilidad social por medio de la cantidad de respuestas afirmativas carece de sustento técnico, pues obvia la magnitud de los efectos positivos de los proyectos mineros.
Estas indefiniciones respecto a la aplicación de criterios de rentabilidad social se suman a la intención del gobierno para revisar el marco tributario del sector minero. Como consecuencia, algunos proyectos nuevos o de expansión de capacidad productiva en el sector enfrentan cierta incertidumbre respecto de las reglas del juego en las que se desarrollarán. APOYO Consultoría estima que los flujos de inversión en nuevos proyectos durante 2022 ascenderán a solo US$1 500 millones, casi 30% por debajo de los niveles promedio observados durante el período 2018-2021. Esta disminución se explica, en parte, por las expectativas negativas relacionadas con los cambios que el Gobierno pretende implementar.
En enero, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 42 puntos. Este resultado muestra un ligero aumento en la confianza de los consumidores en comparación con el trimestre anterior, aunque aún se mantiene en terreno pesimista y muy por debajo de los niveles observados previos a la pandemia.
En el 2024, se anticipa un entorno de negocios más favorable que el año anterior.
Para el 2024, el escenario político se inicia con menor turbulencia y una percepción de menores riesgos para el entorno de negocios.
