En las últimas cuatro semanas la conflictividad social, que ya venía al alza desde el cambio de mando, se ha agudizado a lo largo del país. Las causas de fondo son la inflación y el deterioro de las condiciones de vida, así como la existencia de expectativas insatisfechas en un sector de la población.
La respuesta del Ejecutivo ante el agravamiento de la conflictividad ha sido la promoción e implementación de medidas efectistas, como el aumento del Salario Mínimo Vital, el otorgamiento de bonos, subsidios y la reducción de impuestos. La mayoría de estas medidas, que no tienen un carácter focalizado, representan un alto costo fiscal y es probable que no se traduzca en mejoras tangibles.
Ante la pérdida de capital político, el desborde popular y el visible deterioro de los servicios públicos, el Ejecutivo ha recurrido a la coartada de la Asamblea Constituyente. La propuesta de reforma constitucional para cambiar la Constitución a través de una Constituyente, sin embargo, tiene muy pocas probabilidades de ser aprobada en el Congreso, donde la correlación de fuerzas no favorece al Ejecutivo.
En medio del creciente desencanto ciudadano, un sector importante de la población comienza a apoyar el adelanto de elecciones generales. Aunque las probabilidades de que esta propuesta se apruebe en el corto plazo son bajas, no puede descartarse que prospere en el mediano plazo.
Hacia adelante, no se observa un giro en la dirección del Gobierno. Más bien, se avizora la prolongación de la situación de desgobierno, deterioro institucional, conflictividad y tensión entre los poderes del Estado.
Jefa de Análisis Político
La censura de José Jerí volvió a confirmar que el poder puede reordenarse desde el Congreso con rapidez y bajo incentivos electorales de corto plazo.
La elección general de 2026 entró en una nueva fase en noviembre, con la mayoría de las candidaturas presidenciales ya perfiladas y un calendario que ahora concentra las miradas en el cierre definitivo de listas del 23 de diciembre, cuando se terminarán de definir los invitados al Senado y a la Cámara de Diputados.
En octubre, la salida de Dina Boluarte marcó la agenda política pero no representó un giro institucional, sino un ajuste táctico del Congreso orientado a reducir costos políticos y proteger su control de cara a las elecciones de 2026.
