En lo que va del año, hemos visto tres cambios que han estado definiendo el entorno de negocios. Primero, pese al contexto de desaceleración, el entorno internacional se ve mejor que al cierre del 2022, debido al fin de la política de cero Covid en China, la resiliencia de la economía norteamericana y la reducción en los precios del gas en Europa. Ello ha mejorado las perspectivas de crecimiento económico global, incrementado la cotización del cobre y el apetito por riesgo de los inversionistas globales.
Segundo, en el margen, hay mejoras en la gestión pública y menor riesgo regulatorio proveniente del Ejecutivo en comparación a unos meses atrás, especialmente en el frente laboral. Un ejemplo de ello es la publicación del reglamento de la Ley de Teletrabajo, que otorga flexibilidad al empleador y al empleado en algunos aspectos claves de esta modalidad de empleo y facilita su uso.
Tercero, en febrero, las protestas sociales se han reducido y se han concentrado en Puno, luego de alcanzar su pico a mediados de enero y haber generado un deterioro marcado en el entorno de negocios durante ese mes.
A pesar de las mejoras en el frente internacional y en el manejo del Estado, el entorno económico ha respondido principalmente a los cambios en el entorno político y social en el arranque del año. Por ejemplo, en el entorno financiero, la exacerbación de la violencia llevó a una depreciación del sol durante enero, a pesar de que los cambios en sus fundamentos (como el precio del cobre) indicaban apreciación. Sin embargo, justamente ante la disminución de la violencia, nuestra moneda se apreció en las últimas semanas (ver gráfico inferior). Asimismo, los bloqueos de carreteras agregaron presión sobre la inflación de alimentos en enero, lo que afectó principalmente a los consumidores del sur (la inflación total en esa zona pasó de 9% en dic-22 a 11% a en ene-23) y de los segmentos socioeconómicos CDE. No obstante, el índice de precios mayoristas de alimentos se redujo en las últimas dos semanas, en línea con el cese gradual de la ola de violencia.
Por su parte, la evolución de la actividad económica también ha estado marcada por los cambios en el frente político y social. De hecho, en enero -durante el pico de violencia- cerca de 80% de los clientes del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría reportaron haber enfrentado impactos de magnitud media o alta por la ola de manifestaciones y violencia sobre sus operaciones. El impacto fue más notorio en los sectores de minería, construcción, agroindustria y turismo. Con el descenso marcado en las protestas sociales, se ha observado cierta mejora en algunos indicadores de alta frecuencia de actividad económica durante febrero, como la demanda eléctrica nacional y el tráfico vehicular en Lima. Además, en medio de una «tregua temporal», los manifestantes levantaron los bloqueos en el Corredor Minero Sur, lo que podría contribuir a la normalización de la producción minera y a la actividad económica en el sur del país. De hecho, la demanda eléctrica de la mina Las Bambas se ha recuperado considerablemente en la última semana (ver gráfico inferior).
Lamentablemente, incluso si el número de protestas se mantuviera en niveles bajos en los siguientes meses, lo más probable es que la dinámica económica local esté marcada por la contracción de la inversión privada y la moderación en el crecimiento del empleo formal, en un contexto de elevada incertidumbre política. Por eso, la economía peruana crecería a una tasa baja de 2,2% este año.
Analista Senior
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
