José Carlos Saavedra, Socio y Economista Principal
La crisis generada por el COVID-19 ha tenido un impacto severo que ya es evidente en la economía global y todo parece indicar que en los próximos meses la recuperación será lenta y diferenciada entre las regiones del mundo.
En el Perú, el impacto de las medidas de aislamiento social obligatorias y las restricciones para la operatividad de las empresas han afectado significativamente a la economía, principalmente a los sectores no primarios, más vinculados a la inversión. En marzo, con la mitad del mes en ‘cuarentena’, el PBI cayó 16% según el INEI, y para abril y mayo estimamos caídas cercanas al 30%, menores a las inicialmente estimadas. Con esto, entre enero y mayo, la economía peruana habría caído cerca de 15% en comparación con el mismo período del año anterior. En este contexto, las empresas han sufrido una fuerte reducción de sus ingresos y, como consecuencia, muchas de estas se han visto obligadas a recortar sus gastos, principalmente en inversiones y en planillas.
A pesar de la fuerte caída en los niveles de producción y de ingresos de las empresas, las condiciones financieras del país no se han deteriorado. Esto debido principalmente a los elevados niveles de liquidez en el mundo que han beneficiado al Perú dado sus buenos balances macroeconómicos, y las medidas de política del BCR, el Gobierno y la SBS.
En lo que va del año, las tasas de interés de los bonos soberanos –tasa de referencia para los créditos de largo plazo– han continuado en niveles bajos y las presiones cambiarias han sido limitadas. De hecho, el riesgo país y las presiones sobre la moneda local se han mantenido por debajo del promedio de los países de la región. En paralelo, las medidas de política vienen inyectando liquidez a las instituciones financieras y a las empresas. Como resultado, el flujo del crédito empresarial no se ha detenido a pesar del deterioro económico.
Pese a que aún no hay señales concluyentes de tener la crisis bajo control, se ha iniciado la etapa de reapertura de la economía. A través de un reciente decreto supremo, el Gobierno adelantó el reinicio de operaciones de algunas actividades que permitirán que un porcentaje mayor de la población pueda trabajar, particularmente aquellos de menores ingresos.
A partir de junio, los niveles de producción aumentarán mes a mes, en línea con la reapertura formal e informal de la economía, pero este ritmo de recuperación será lento.
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
