El entorno político en febrero estuvo marcado por la revelación de presuntos casos de corrupción en el entorno presidencial y por la juramentación de dos gabinetes en menos de dos semanas. El último fin de semana, la lobista Karelim López, se acogió al mecanismo de colaboración eficaz y declaró que existe una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, involucrando directamente al presidente Castillo.
Esta situación ha reforzado una serie de acciones de control político desde el Congreso. Entre estas, las presiones para la salida de Juan Francisco Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones; además, la denuncia contra el presidente Castillo por traición a la patria e infracción constitucional. Es probable que esta dinámica de interpelaciones y censuras continúe durante las próximas semanas.
En este contexto, el gabinete Torres se presentará el próximo 8 de marzo ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. A pesar de los cuestionamientos técnicos y al gabinete, se anticipa el otorgamiento de la confianza, con el fin de evitar la disolución constitucional del Congreso. Se espera que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantengan al alza.
Ante los presuntos casos de corrupción, el riesgo de una crisis de gobernabilidad permanece reducido en el corto plazo. Si bien la legitimidad de la vacancia presidencial, actualmente impulsada por la oposición, viene en aumento, a la fecha no existen los 87 votos necesarios para remover al presidente Castillo del cargo. En consecuencia, lo más probable es que continuemos en un escenario de mediocridad prolongada, en el que predomine el desgaste, los escándalos y las decisiones erráticas.
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
