Enero ha estado marcado por la convulsión social e intensificación de la violencia a nivel nacional, especialmente en el sur del país. La diversidad de actores ha dificultado que el Gobierno logre identificar interlocutores válidos para entablar el diálogo y negociar y, de momento, no se ha logrado apaciguar la exacerbada coyuntura.
Al respecto, el Gobierno de transición ha mostrado una estrategia insuficiente para contener las protestas. Además, el acotado capital político del Ejecutivo lo ha vuelto propenso a la presión ciudadana y del Congreso. En consecuencia, la continuidad del Gobierno dependerá de la capacidad para controlar la conflictividad y convocar a elecciones.
Por su lado, el Congreso no está dando respuestas adecuadas ante las demandas sociales y la convulsión. Si bien se ha adelantado el inicio de la próxima legislatura al 15 de febrero con el fin de anticipar la segunda votación del adelanto de elecciones, al momento, el Congreso no ha aprobado ninguna de las reformas necesarias en el marco del proceso electoral.
Hacia adelante, la incertidumbre se mantendrá elevada debido a la polarización, pobre oferta política y fragmentación. La dificultad del Legislativo para encontrar consensos respecto a las reformas mantendría latente el riesgo de crisis política en el futuro. En ese sentido, las próximas semanas serán claves para definir hitos y riesgos en el mediano plazo.
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Jefa de Análisis Político
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Este fin de semana, la presidenta Boluarte dio su mensaje de 28 de julio, en el que destacó el impulso a los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G), el desarrollo de proyectos mineros, la fusión y creación de nuevos ministerios
