Enero ha estado marcado por la convulsión social e intensificación de la violencia a nivel nacional, especialmente en el sur del país. La diversidad de actores ha dificultado que el Gobierno logre identificar interlocutores válidos para entablar el diálogo y negociar y, de momento, no se ha logrado apaciguar la exacerbada coyuntura.
Al respecto, el Gobierno de transición ha mostrado una estrategia insuficiente para contener las protestas. Además, el acotado capital político del Ejecutivo lo ha vuelto propenso a la presión ciudadana y del Congreso. En consecuencia, la continuidad del Gobierno dependerá de la capacidad para controlar la conflictividad y convocar a elecciones.
Por su lado, el Congreso no está dando respuestas adecuadas ante las demandas sociales y la convulsión. Si bien se ha adelantado el inicio de la próxima legislatura al 15 de febrero con el fin de anticipar la segunda votación del adelanto de elecciones, al momento, el Congreso no ha aprobado ninguna de las reformas necesarias en el marco del proceso electoral.
Hacia adelante, la incertidumbre se mantendrá elevada debido a la polarización, pobre oferta política y fragmentación. La dificultad del Legislativo para encontrar consensos respecto a las reformas mantendría latente el riesgo de crisis política en el futuro. En ese sentido, las próximas semanas serán claves para definir hitos y riesgos en el mediano plazo.
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Jefa de Análisis Político
En enero, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 42 puntos. Este resultado muestra un ligero aumento en la confianza de los consumidores en comparación con el trimestre anterior, aunque aún se mantiene en terreno pesimista y muy por debajo de los niveles observados previos a la pandemia.
En el 2024, se anticipa un entorno de negocios más favorable que el año anterior.
Para el 2024, el escenario político se inicia con menor turbulencia y una percepción de menores riesgos para el entorno de negocios.
