Enero ha estado marcado por la convulsión social e intensificación de la violencia a nivel nacional, especialmente en el sur del país. La diversidad de actores ha dificultado que el Gobierno logre identificar interlocutores válidos para entablar el diálogo y negociar y, de momento, no se ha logrado apaciguar la exacerbada coyuntura.
Al respecto, el Gobierno de transición ha mostrado una estrategia insuficiente para contener las protestas. Además, el acotado capital político del Ejecutivo lo ha vuelto propenso a la presión ciudadana y del Congreso. En consecuencia, la continuidad del Gobierno dependerá de la capacidad para controlar la conflictividad y convocar a elecciones.
Por su lado, el Congreso no está dando respuestas adecuadas ante las demandas sociales y la convulsión. Si bien se ha adelantado el inicio de la próxima legislatura al 15 de febrero con el fin de anticipar la segunda votación del adelanto de elecciones, al momento, el Congreso no ha aprobado ninguna de las reformas necesarias en el marco del proceso electoral.
Hacia adelante, la incertidumbre se mantendrá elevada debido a la polarización, pobre oferta política y fragmentación. La dificultad del Legislativo para encontrar consensos respecto a las reformas mantendría latente el riesgo de crisis política en el futuro. En ese sentido, las próximas semanas serán claves para definir hitos y riesgos en el mediano plazo.
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Jefa de Análisis Político
Los principales aliados del Gobierno, Fuerza Popular y APP, aprovecharon la crisis abierta por el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz para afianzar su influencia sobre las designaciones ministeriales.
En lo que va del año, la recuperación económica se habría consolidado y el crecimiento estaría siendo más generalizado. La demanda local ha tenido un buen desempeño.
En el primer trimestre del año, el crecimiento de la actividad económica se mantuvo sólido (3,6%). Esto fue resultado de una combinación de dinámicas favorables para el PBI.
