In 2026, the Peruvian economy will grow by 3.2%, a pace similar to that of 2025, despite electoral risks
In the third quarter of 2025, the economy grew by 2.5%, a slower pace than that observed in the first months of the year.
El impacto de la crisis COVID-19 ha sido sumamente fuerte en el interior del país. Luego de Lima, un grupo de diez regiones compuesto por Lambayeque, Ica, Tumbes, Áncash, Piura, Loreto, La Libertad, Ucayali, Arequipa y Junín constituye el más afectado por la pandemia en términos de casos positivos de COVID-19 y fallecidos ajustados por su población respectiva. De hecho, la mayoría de estas regiones muestran algunos factores comunes, tales como alta densidad demográfica en sus núcleos urbanos y rápida conectividad con Lima, donde empezó el principal foco de contagio.
Hacia adelante, la probabilidad de nuevas olas de contagio es alta y afectaría a regiones que registraron una primera ola menos intensa. La precaria infraestructura sanitaria y el escaso personal de salud a nivel regional podría disparar rápidamente las tasas de letalidad.
En este sentido, los hogares del interior del país serán los más perjudicados, principalmente las zonas sur y oriente. En especial, el elevado deterioro de los ingresos familiares en estas regiones se explica por una fuerte dependencia del empleo en sectores que han sufrido severamente por el COVID-19 (p.e. comercio y turismo), el elevado nivel de empleo informal, el lento avance de la inversión pública y la paralización de importantes proyectos de minería, energía e infraestructura.
En el 2020, las ventas regionales -una aproximación basada en el PBI no primario- caerían 16,5% respecto al 2019, según estimaciones de APOYO Consultoría. Como consecuencia de esta profunda contracción económica, alrededor de 300 mil hogares en el interior del país dejarán de formar parte de la clase media este año.
In the third quarter of 2025, the economy grew by 2.5%, a slower pace than that observed in the first months of the year.
This month, President Dina Boluarte’s cabinet demonstrated resilience in the face of criticism over leaked audio recordings implicating Ministers Eduardo Arana (PCM) and Juan José Santiváñez (Interior).
The Government’s main allies, Fuerza Popular and APP, leveraged the crisis triggered by the murder of 13 mine workers in Pataz to strengthen their influence over ministerial appointments.
