El impacto de la crisis COVID-19 ha sido sumamente fuerte en el interior del país. Luego de Lima, un grupo de diez regiones compuesto por Lambayeque, Ica, Tumbes, Áncash, Piura, Loreto, La Libertad, Ucayali, Arequipa y Junín constituye el más afectado por la pandemia en términos de casos positivos de COVID-19 y fallecidos ajustados por su población respectiva. De hecho, la mayoría de estas regiones muestran algunos factores comunes, tales como alta densidad demográfica en sus núcleos urbanos y rápida conectividad con Lima, donde empezó el principal foco de contagio.
Hacia adelante, la probabilidad de nuevas olas de contagio es alta y afectaría a regiones que registraron una primera ola menos intensa. La precaria infraestructura sanitaria y el escaso personal de salud a nivel regional podría disparar rápidamente las tasas de letalidad.
En este sentido, los hogares del interior del país serán los más perjudicados, principalmente las zonas sur y oriente. En especial, el elevado deterioro de los ingresos familiares en estas regiones se explica por una fuerte dependencia del empleo en sectores que han sufrido severamente por el COVID-19 (p.e. comercio y turismo), el elevado nivel de empleo informal, el lento avance de la inversión pública y la paralización de importantes proyectos de minería, energía e infraestructura.
En el 2020, las ventas regionales -una aproximación basada en el PBI no primario- caerían 16,5% respecto al 2019, según estimaciones de APOYO Consultoría. Como consecuencia de esta profunda contracción económica, alrededor de 300 mil hogares en el interior del país dejarán de formar parte de la clase media este año.
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
