Los casi seis meses desde el inicio del Gobierno de Pedro Castillo permiten esclarecer e identificar con mayor certeza los principales riesgos para el entorno de negocios en el 2022. A continuación, se detallan las diez principales fuentes de riesgo en orden de preocupación descendente –teniendo en cuenta su probabilidad de ocurrencia– (del más preocupante al menos preocupante) según APOYO Consultoría.
Las altas expectativas por las promesas de campaña y el empoderamiento de actores sociales han fortalecido las demandas sociales de comunidades cercanas a proyectos mineros, elevando la conflictividad social a su segundo pico más alto en el último quinquenio, según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo. La falta de efectividad del Gobierno para atender estos conflictos estaría provocando un efecto de contagio. Así, no solo se estaría afectando la viabilidad de proyectos extractivos, sino que estaría poniendo en riesgo ciertas reformas –especialmente en el sector educación– y acentuando la informalidad de la pequeña minería y el sector transportes, cediendo a las presiones de grupos con alta capacidad de movilización y de promoción de actos violentos.
Las cuestionadas designaciones en puestos claves en el Ejecutivo por la falta de experiencia en gestión pública de nuevos funcionarios, sumados a nuevos casos de corrupción, ponen en riesgo el adecuado funcionamiento de las entidades que regulan la inversión privada. La inexperiencia y un posible sesgo de los funcionarios a cargo de entidades regulatorias en el Estado generarían demoras y poca predictibilidad. Esto es especialmente relevante considerando que entre febrero y julio de este año se designarán a los nuevos presidentes ejecutivos de OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAN Y SUNASS.
Tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso –en especial las bancadas de centro e izquierda– se han mostrado a favor de incrementar la regulación en torno al mercado laboral. Desde el Ministerio de Trabajo, se ha prometido una agenda de políticas que implica elevados riesgos para el entorno de negocios. Entre las más relevantes se encuentran: la prohibición o restricciones de los servicios de tercerización laboral, promoción de acuerdos de negociación colectiva, aumento de la RMV y el empoderamiento de sindicatos.
Una victoria contundente de candidatos radicales opuestos a la inversión privada podría agravar las tensiones entre el Estado y el sector privado –particularmente empresas en sectores como energía y minería–. Esto es especialmente relevante considerando el empoderamiento de actores sociales locales a raíz de la victoria de Pedro Castillo. Un alineamiento entre los intereses de los Gobiernos Regionales y el Ejecutivo podría poner en riesgo la adecuada continuidad de operaciones o dificultar la viabilidad de nuevos proyectos para los próximos cuatro años.
El año pasado, el Gobierno propuso e implementó políticas económicas como franjas y subsidios que distorsionan los precios de mercado de los productos alimenticios, el gas licuado de petróleo y los fertilizantes. Además de aumentar los riesgos fiscales, estas políticas crean fallas en la competencia y pasivos financieros para las empresas en estos mercados. La exacerbación de este tipo de medidas será un riesgo latente durante el año 2022.
A pesar de haber recibido facultades legislativas acotadas, el ministro de Economía ha manifestado que insistirá en su propuesta de elevar impuestos, en especial para el sector minero, por medio de proyectos de ley. No obstante, es probable que el alcance y contenido de estos proyectos sean nuevamente acotados de manera significativa por el Congreso. Además, difícilmente el Gobierno logrará el apoyo necesario para impulsar una reforma tributaria profunda este año, debido a que ha perdido credibilidad frente a la opinión pública y el Parlamento.
La tercera ola del COVID-19 podría generar nuevas restricciones operativas que afecten negativamente a los comercios. La respuesta del Estado para contener la propagación del virus podría frenar significativamente el ritmo de la recuperación económica, en especial en los sectores más rezagados de la economía como el turismo. Por otro lado, una ola récord de casos –aunque no implique un incremento sustancial de fallecidos u hospitalizados– podría complicar la operatividad de las empresas debido a una menor disponibilidad de trabajadores.
El Ejecutivo ha propuesto repetidamente ampliar su actividad empresarial en sectores estratégicos como el energético o el financiero. Sin embargo, las instituciones estatales no cuentan con la capacidad operativa, la experiencia o el respaldo financiero necesario para llevar a cabo estas actividades. Asimismo, la mayor participación del Estado en estos mercados podría crear competencia desleal y desplazar la inversión privada. Por el momento, estos riesgos estarían contenidos debido a que la expansión de funciones de las empresas públicas y la creación de nuevas compañías estatales requieren de la aprobación del Congreso. Asimismo, el nombramiento de funcionarios cuestionados sin experiencia limita su margen de acción.
Si bien la moción de vacancia presentada contra el presidente Castillo en noviembre no prosperó, este escenario podría cambiar si las investigaciones sobre posibles casos de corrupción ligados al Gobierno y, en especial, al entorno del presidente Pedro Castillo tienen hallazgos significativos. De ser así, ello podría producir que se encuentren menores reticencias de partidos de centro para apoyar la vacancia. Por su parte, el Poder Ejecutivo podría reaccionar de una manera más confrontacional con el Congreso a través de amenazas de una posible disolución. Algunas de las leyes aprobadas recientemente por el Congreso limitan, por ahora, el margen de acción del Ejecutivo, aunque seguramente serán revisadas por el Tribunal Constitucional.
El riesgo de avanzar hacia la convocatoria de una Asamblea Constituyente ha venido disminuyendo a partir de la incapacidad del Ejecutivo para lograr el apoyo del Congreso. Además, los partidos de oposición y de centro aprobaron dos medidas para limitar la capacidad del Gobierno de impulsar la Asamblea Constituyente: la prohibición de presentar cuestión de confianza sobre reformas constitucionales y la modificación de la Ley de Participación Ciudadana, para que cualquier cambio constitucional impulsado mediante referéndum se debata y se apruebe previamente en el Congreso.
El año 2022 tendrá una serie de sucesos importantes –tanto en el ámbito político como en el económico– que definirán algunos de los riesgos listados. El detalle de los principales eventos y sus fechas se encuentran en la parte final de este documento (ver anexo líneas abajo).
En enero, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 42 puntos. Este resultado muestra un ligero aumento en la confianza de los consumidores en comparación con el trimestre anterior, aunque aún se mantiene en terreno pesimista y muy por debajo de los niveles observados previos a la pandemia.
En el 2024, se anticipa un entorno de negocios más favorable que el año anterior.
Para el 2024, el escenario político se inicia con menor turbulencia y una percepción de menores riesgos para el entorno de negocios.
