El sondeo empresarial SAE, realizado a ejecutivos de más de 300 empresas del segmento corporativo entre el jueves 20 y lunes 24 de mayo, hace evidente el alto nivel de preocupación del sector empresarial ante la coyuntura electoral. De manera similar al sondeo realizado un mes atrás, los ejecutivos consultados le asignan una mayor probabilidad a Keiko Fujimori de ganar la presidencia. Así, ocho de cada diez ejecutivos consideran, independientemente de sus preferencias electorales, que la candidata por Fuerza Popular obtendrá la victoria este 6 de junio.
De acuerdo a este último sondeo, la incertidumbre que genera el proceso electoral en curso ya tendría cierto impacto en el ritmo de recuperación de la demanda en diversos sectores económicos. 18% de los ejecutivos consultados señalan que la coyuntura electoral ha tenido un fuerte impacto negativo en la demanda de bienes o servicios relacionados a sus negocios; mientras que, el 74% observan un impacto negativo entre moderado y ligero. Tan solo un 8% no percibe un impacto negativo por la incertidumbre política.
Esta elevada incertidumbre responde, en gran parte, a la amplia divergencia entre las propuestas de Fuerza Popular y Perú Libre. Por un lado, el partido fujimorista promovería un plan de reactivación económica basado especialmente en el impulso del sector privado. En contraste, el plan de gobierno de Perú Libre plantea el desmantelamiento del modelo económico vigente y un rol empresarial más activo del Estado a partir de la formulación de una nueva Constitución Política.
En un contexto tremendamente condicionado por la definición de la elección presidencial, las expectativas empresariales podrían traducirse en el corto plazo en un “desembalse de decisiones de inversión” o en un “desplome en las perspectivas de la inversión privada”, dependiendo de la victoria de Keiko Fujimori o Pedro Castillo, respectivamente. Ante la pregunta acerca de la marcha de las decisiones de inversión en los próximos seis meses, la respuesta de los empresarios fue radicalmente distinta en función de quién ganará las elecciones. En un eventual gobierno de Fujimori, el índice de confianza para invertir de APOYO Consultoría pasaría de -27 puntos en abril a 51 puntos; mientras que, en un posible gobierno de Castillo, la confianza para invertir profundizaría su caída y llegaría a un mínimo histórico de -85 puntos.
En caso Castillo gane, el sector corporativo anticipa riesgos inmediatos sobre la gobernabilidad. Dos de cada tres empresarios consultados esperan una confrontación frontal del Ejecutivo con el Congreso durante los primeros meses de su gobierno, dado que asumen que se intentará convocar directamente un referéndum para instalar una Asamblea Constituyente, sin respetar el marco constitucional vigente. Solo uno de cada tres ejecutivos espera que este intento de alcanzar un referéndum se plantee mediante el proceso regular que indica la Constitución a partir de una votación expresa (66 votos a favor requeridos en una primera instancia legislativa).
Durante el primer trimestre del año, el PBI creció 3,8% respecto del 1T2020 y estuvo impulsado fuertemente por la recuperación de la inversión privada (+36,9% respecto del 1T2020). En nuestro escenario base, la recuperación de la inversión privada continuaría a buen ritmo durante el resto del año y alcanzaría el 96% de su nivel del 2019. Sin embargo, en base a los hallazgos del sondeo SAE, el resultado del 6 de junio podría llevar a fuertes retrocesos en el ritmo de recuperación de la inversión privada, perjudicando la mejoría del empleo y, por ende, la recuperación económica de los hogares en la segunda mitad del 2021.
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
