Las universidades públicas y privadas se vieron obligadas a adecuar sus modalidades de enseñanza y migrar hacia clases virtuales al estallar la crisis COVID-19 en el país. El nivel de preparación de las universidades para el dictado de clases virtuales, desafortunadamente, no ha sido homogéneo y representa aún un enorme desafío para estas instituciones y sus estudiantes en un contexto económico muy debilitado.
La tasa de matrícula universitaria podría descender de manera preocupante en el corto plazo. La tasa de matrícula universitaria, definida como el porcentaje de universitarios matriculados en un determinado rango de edad respecto del número total de jóvenes con estudios escolares completados, se mantuvo alrededor del 30% (incluye universidades públicas y privadas) en el periodo 2012-2019. El impacto económico de la crisis COVID-19 afectó las tasas de matrícula y aumentó las tasas de deserción universitaria durante el primer semestre del 2020. Esto ocurre en un contexto en el que la denegación del licenciamiento de la Sunedu ya estaba generando dificultades a un grupo importante de universidades. Se prevé que estos efectos se acentúen en el segundo semestre del 2020 y, al menos, durante la primera mitad del 2021.
La crisis COVID-19 afectará en mayor grado a las instituciones educativas orientadas a los segmentos emergentes de la población. Esto representará un enorme desafío para las universidades privadas del segmento value; es decir, aquellas con las pensiones más económicas, orientadas a los NSE C, D y E. La totalidad de las universidades privadas con licenciamiento denegado hasta la fecha pertenecen a este segmento.
Los efectos de la crisis COVID-19 sobre el mercado laboral y la economía familiar se traducirán en una caída de la matrícula universitaria. Así, según proyecciones de APOYO Consultoría, en el segundo semestre del 2020 se estima que entre el 17% y el 24% de los estudiantes universitarios –especialmente aquellos que acuden a instituciones privadas orientadas a los NSE C, D y E– dejarían de matricularse, dependiendo del segmento y tipo de universidad. Es decir, al menos uno de cada seis estudiantes dejaría de matricularse. Esto implicaría que la tasa de matrícula descienda del 30% en el 2019 a un rango entre 23% y 25% al cierre del 2020. Por ahora, la mayor incertidumbre está en qué momento estos estudiantes podrán retomar sus estudios.
En este contexto, es importante implementar mecanismos que puedan contrarrestar este impacto y disminuyan la probabilidad de deserción universitaria. Una medida que ya se está promoviendo y que debe potenciarse es el otorgamiento de becas a estudiantes de educación superior. Además, es una oportunidad de migrar hacia un modelo híbrido de educación, que aproveche el dictado de clases presenciales y virtuales. Esto en un contexto en que es necesario suplir las brechas de educación, especialmente luego del licenciamiento, y llegar al segmento de la población que, de otra manera, no podría acceder a una educación de calidad.
Durante abril, la presión al alza y la volatilidad en los precios de algunos commodities fue alta. Hubo una serie de ataques entre Israel e Irán, que intensificaron los temores a nivel global de que la guerra en Medio Oriente escale.
En abril, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 45 puntos. Este resultado, similar a los observados durante el primer trimestre, sugiere que la confianza de los consumidores limeños se está estabilizando en un nivel que es el más alto de los últimos cuatro años, pero que aún está por debajo de los niveles prepandemia.
En febrero, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 47 puntos. Dicha cifra, consolida la tendencia de mejora en los últimos meses y representa el nivel más alto desde febrero del 2020 (ver gráfico inferior).
