La educación no presencial podría aumentar la desigualdad entre los peruanos
Los estudiantes de educación básica –principalmente los pertenecientes a los segmentos más pobres– corren el riesgo de sufrir una pérdida de aprendizaje más severa que el resto como consecuencia de la suspensión temporal de clases presenciales. Ello dado que el acceso limitado a infraestructura y las características de la composición de los hogares dificultan que los estudiantes participen adecuadamente de la educación a distancia.
En el contexto actual, el rol de los padres o tutores en el hogar en la educación de los niños y adolescentes se ha vuelto primordial. Son ellos los responsables de apoyarlos en sus clases, además de facilitarles un ambiente seguro para el aprendizaje. Lamentablemente, como revelan las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), los hogares más pobres enfrentan condiciones sumamente desfavorables para aprovechar la educación no presencial. Para analizarlo, volvimos a dividir a los hogares en cinco grupos de igual tamaño, en función de su ingreso per cápita (quintiles).
Primero, se encontró que los jefes y jefas del hogar más pobres tendrían menos posibilidades de apoyar adecuadamente a los estudiantes en sus clases. Ello, sobre todo, porque su nivel educativo varía de manera importante entre quintiles. Esto es particularmente alarmante en el quintil 1, en el que solo el 28% de los jefes del hogar completó (al menos) la secundaria. Las diferencias se amplían en el caso de las madres, principalmente en los quintiles 1 y 2, en los que solo el 18% y el 36%, respectivamente, finalizaron al menos la secundaria. De acuerdo con una encuesta realizada por el Ministerio de Educación, en el 67% de los hogares son ellas las principales responsables de apoyar a sus hijos en las clases a distancia.
Segundo, estos hogares tienen un número promedio de hijos superior, lo que incrementaría su carga en el acompañamiento y podría dificultar el aprendizaje. Por un lado, los padres o tutores deben dedicar más horas al acompañamiento escolar de sus hijos. Esto representa un reto mayor con la crisis económica, dado que también deben dedicar más horas al trabajo. Por otro lado, los hogares más pobres cuentan con un bajo acceso al equipamiento necesario (por ejemplo, computadora o televisor) y este debe ser compartido entre más personas.
Tercero, hoy en día está en mayor riesgo la seguridad alimentaria de los niños, la cual es clave para un adecuado desarrollo y rendimiento académico. De hecho, los hogares de los primeros quintiles tienen una mayor dependencia en programas como Qali Warma. Actualmente, el programa está haciendo el esfuerzo de llevar las raciones a los hogares, pero esto puede resultar complicado en zonas rurales o alejadas. Además, ante la dificultad para conseguir alimentos por la caída de ingresos o por la pérdida de empleos, principalmente en estos segmentos, los hogares pueden verse en la necesidad de dividir las raciones del programa entre los miembros del hogar.
Finalmente, los niños y adolescentes de los hogares más pobres se dedican en mayor medida a trabajar, lo que afecta su capacidad de aprendizaje. Incluso, esto puede haberse exacerbado ante la posible pérdida o reducción de los ingresos de sus hogares. Esto es particularmente notorio y riesgoso en los adolescentes entre 15 y 16 años, quienes pueden optar por descuidar o abandonar los estudios por la necesidad de aportar a los ingresos familiares, o por la imposibilidad de costear su educación. Este efecto ya se ha observado en crisis pasadas o en situaciones similares en otras partes del mundo.
Por todo lo expuesto, tanto el Gobierno como los colegios deben tener en consideración la capacidad de los hogares para acceder a la oferta educativa, tanto en términos de infraestructura y capacidades formativas de padres o tutores, como en términos de la organización del hogar. Esto es vital para garantizar que los niños y adolescentes alcancen los aprendizajes esperados y evitar el incremento de brechas de oportunidades. De lo contrario, la situación actual podría traer consecuencias negativas de largo plazo para los estudiantes en hogares más vulnerables.
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