En los próximos meses, la economía peruana enfrentará la peor recesión en 30 años y el nivel de gravedad que esta alcanzará aún es incierto. Lamentablemente, esta contracción en la actividad económica destruirá miles de puestos de trabajo formales. En APOYO Consultoría estimamos que la caída podría llegar a ser de alrededor de 20% o más de 700 mil empleos este año. Esto aumentará los niveles de informalidad y generará un deterioro significativo en indicadores sociales críticos, como la pobreza y la anemia.
En abril, realizamos un Sondeo SAE entre los ejecutivos de más de 300 empresas clientes, en el cual se añadió una muestra de 70 empresas del sector restaurantes pertenecientes al gremio GRECA.56 para entender la realidad de uno de los sectores más afectados por las restricciones operativas. El sondeo revela un panorama sombrío: la mayoría de las empresas ya prevé que tendrá dificultades para sostener la continuidad de su negocio en los próximos seis meses. Esta situación será más grave en el sector restaurantes, donde nueve de cada diez empresas estiman que será extremadamente o muy difícil darle continuidad al negocio.
A esto se suma que las empresas clientes del SAE estiman que el retorno a la normalidad operativa tomará, en promedio, ocho meses y, en ese período, deberán afrontar retos en diversos frentes – como salvaguardar la salud financiera y cuidar la salud de sus trabajadores–.
Dado este contexto de crisis, el 90% de los ejecutivos consultados declaran que necesitarán realizar reducciones importantes en su planilla en los próximos tres meses. Es probable que este ajuste se inicie de manera bastante rápida, considerando que cerca de 2,4 millones de puestos de trabajo formales son a plazo fijo (de los 3,5 millones en el sector formal) y que aproximadamente el 6% de estos vence cada mes. La magnitud de la reducción de la planilla será muy drástica en el sector restaurantes ya que, en promedio, lo harán en un 47% del total (casi el triple que en el caso de los clientes del SAE).
Para aliviar la carga de las empresas y así evitar mayores quiebras y despidos, el Gobierno ha dispuesto una serie de medidas que buscan proteger la cadena de pagos. Entre ellos está el subsidio del salario de trabajadores (menores de S/1 500 mensuales), líneas de financiamiento garantizadas, y la postergación del pago de impuestos. Sin embargo, a la fecha, el 80% de los ejecutivos considera que dichas medidas son insuficientes para evitar los despidos en los próximos seis meses.
En medio de la crisis que viven las empresas –de todo tamaño–, el Gobierno aprobó la suspensión perfecta de labores (otorgar una licencia sin goce de haber a sus trabajadores por tres meses) en aras de reducir el número de despidos y minimizar el impacto económico sobre las empresas. Si bien la mitad de las empresas consultadas consideraba que esa política iba a ayudar a reducir el número de despidos, los ejecutivos consultados consideran que otras medidas son necesarias como la postergación del pago de cargas laborales y la facultad para revisar salarios por mutuo acuerdo, entre otras.
En octubre, la salida de Dina Boluarte marcó la agenda política pero no representó un giro institucional, sino un ajuste táctico del Congreso orientado a reducir costos políticos y proteger su control de cara a las elecciones de 2026.
En el 3T2025, la economía creció 2,5%, un ritmo menor al observado en los primeros meses del año.
Este mes, el gabinete de la presidenta Dina Boluarte mostró resiliencia frente a los cuestionamientos por los audios que comprometen a los ministros Eduardo Arana (PCM) y Juan José Santiváñez (Interior).
