El balance de la semana, por Hugo Santa María
Desde que comenzamos a salir del apagón casi total de la economía en el que estuvimos en abril y mayo, los indicadores relacionados con la producción y ventas de algunos mercados dieron señales de una lenta recuperación. Esta se hizo algo más marcada a medida que avanzábamos en las fases de la reapertura económica y se levantaba la cuarenta total a inicios de julio. En algunos mercados vimos, incluso, crecimientos muy fuertes de ventas vinculados posiblemente con un “desembalse” de compras contenidas.
Sin embargo, durante las últimas semanas estamos viendo señales de que las mejoras de la actividad y las ventas comienzan a perder algo de impulso. Por ejemplo, la demanda de electricidad, que venía recuperándose rápidamente en mayo y junio, se ha estancado un poco antes de alcanzar sus niveles precrisis. Asimismo, los indicadores de movilidad diaria hacia comercios, centros de trabajo, supermercados y farmacias muestran un “enfriamiento” similar, pero en niveles aún entre 30% y 50% inferiores a los de antes de la pandemia.
En este contexto, debido a que la pandemia no cede, el Gobierno ha puesto en pausa el proceso de reapertura económica y ha aumentado las restricciones a la movilización de las personas. Estas nuevas limitaciones afectarán principalmente la recuperación de comercios y restaurantes, así como la capacidad de generar ingresos de los trabajadores independientes informales. De este modo, durante los siguientes meses posiblemente veremos recuperación en los niveles de empleo, comparados con las escalofriantes cifras de abril y mayo, pero a la vez ingresos laborales a la baja y un crecimiento de la participación de empleos informales.
Afortunadamente tenemos algunas fortalezas para enfrentar lo que se viene. Nuestros sectores exportadores como minería, pesca y agroindustria operan actualmente casi a plena capacidad y los mercados internacionales de materias primas ofrecen precios favorables. El sistema financiero y la cadena de pagos van a estar sujetos a muchísimo estrés, pero tenemos un Banco Central de Reserva activo y listo para proveer la liquidez necesaria, y un sistema financiero –como un todo– líquido y bien capitalizado.
¿Qué más necesitamos para acelerar la salida de la crisis y aliviar en algo la difícil situación económica de millones de familias y empresas? En primer lugar, quitarle velocidad al avance de la pandemia. En este frente, como dicen los expertos, debemos cuidarnos y cuidar a los demás, mientras esperamos a que llegue la vacuna. En segundo lugar (y a riesgo de sonar repetitivo) necesitamos un impulso fiscal importante que complemente las inyecciones de liquidez que viene haciendo el BCR. En tercer lugar, necesitamos un Congreso que no genere más dudas e incertidumbre respecto del futuro de la economía. A pesar de ser formulados con el legítimo afán de ayudar a los ciudadanos, los proyectos de ley que se presentan y discuten en el Legislativo en muchos casos lograrían todo lo contrario a lo que se proponen y frenarían el desarrollo de los planes de inversión de las empresas. Un entorno político más tranquilo debería permitirnos enfrentar la usual incertidumbre de nuestros procesos electorales en mejor pie.
El Perú es un país joven, aún sólido macroeconómicamente y que ha vivido crisis durísimas y de todo tipo durante los últimos años. Seguramente saldremos de esta crisis del COVID-19 con lecciones aprendidas que nos permitirán comenzar a construir un país más fuerte económica e institucionalmente, que atienda mejor las necesidades de sus ciudadanos y enfrente con mayor probabilidad de éxito los retos de un mundo más cambiante y complejo.
Hugo Santa María
Socio y Economista Jefe
APOYO Consultoría
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
