La crisis sanitaria y el aislamiento social obligatorio han paralizado gran parte de la economía peruana y generado un cambio drástico y abrupto en la operatividad de las empresas. De hecho, la confianza empresarial sufrió su peor caída desde que se recoge este indicador y las empresas están tratando de mantener la operatividad en este nuevo entorno incierto y retador. Ello se refleja, por ejemplo, en que actualmente dos de cada tres trabajadores en las empresas miembros del SAE de APOYO Consultoría se encuentran bajo el esquema de teletrabajo.
A pesar de los grandes retos que están enfrentando las empresas en este nuevo entorno, la implementación del teletrabajo ha sido una experiencia positiva para la mayoría. Según lo revela el reciente sondeo SAE, el 52% de los encuestados califica la experiencia como excelente, mientras que un 38% la considera buena, aunque requiere mejoras en herramientas tecnológicas.
En los próximos meses, los esfuerzos de las organizaciones estarán concentrados en salvaguardar la salud financiera y cuidar la salud y seguridad de sus trabajadores.
Más aún, los ejecutivos que respondieron el sondeo estiman que, en promedio, el retorno a la normalidad en la operatividad de sus empresas – previa a la crisis del COVID-19– tomaría cerca de ocho meses. Por ello, además de las acciones que está tomando el Gobierno para frenar la crisis sanitaria, es clave formular medidas que permitan empezar a retomar la operatividad de la economía manteniendo controlado el riesgo de contagio del COVID-19.
La censura de José Jerí volvió a confirmar que el poder puede reordenarse desde el Congreso con rapidez y bajo incentivos electorales de corto plazo.
La elección general de 2026 entró en una nueva fase en noviembre, con la mayoría de las candidaturas presidenciales ya perfiladas y un calendario que ahora concentra las miradas en el cierre definitivo de listas del 23 de diciembre, cuando se terminarán de definir los invitados al Senado y a la Cámara de Diputados.
En octubre, la salida de Dina Boluarte marcó la agenda política pero no representó un giro institucional, sino un ajuste táctico del Congreso orientado a reducir costos políticos y proteger su control de cara a las elecciones de 2026.
