La crisis sanitaria y el aislamiento social obligatorio han paralizado gran parte de la economía peruana y generado un cambio drástico y abrupto en la operatividad de las empresas. De hecho, la confianza empresarial sufrió su peor caída desde que se recoge este indicador y las empresas están tratando de mantener la operatividad en este nuevo entorno incierto y retador. Ello se refleja, por ejemplo, en que actualmente dos de cada tres trabajadores en las empresas miembros del SAE de APOYO Consultoría se encuentran bajo el esquema de teletrabajo.
A pesar de los grandes retos que están enfrentando las empresas en este nuevo entorno, la implementación del teletrabajo ha sido una experiencia positiva para la mayoría. Según lo revela el reciente sondeo SAE, el 52% de los encuestados califica la experiencia como excelente, mientras que un 38% la considera buena, aunque requiere mejoras en herramientas tecnológicas.
En los próximos meses, los esfuerzos de las organizaciones estarán concentrados en salvaguardar la salud financiera y cuidar la salud y seguridad de sus trabajadores.
Más aún, los ejecutivos que respondieron el sondeo estiman que, en promedio, el retorno a la normalidad en la operatividad de sus empresas – previa a la crisis del COVID-19– tomaría cerca de ocho meses. Por ello, además de las acciones que está tomando el Gobierno para frenar la crisis sanitaria, es clave formular medidas que permitan empezar a retomar la operatividad de la economía manteniendo controlado el riesgo de contagio del COVID-19.
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
