En agosto, el entorno de negocios se deterioró en tres frentes: el sanitario, el político y el económico. En primer lugar, la crisis sanitaria se agravó en el último mes, lo cual llevó al Gobierno a reimponer restricciones a la movilidad de las personas. El presidente Vizcarra decretó dos nuevas medidas principales para frenar el incremento de casos de COVID-19 este mes: la inmovilización social obligatoria los domingos a nivel nacional y la ampliación de las cuarentenas focalizadas a nuevas localidades. El impacto de las cuarentenas sobre la actividad económica será limitado, pero la inmovilización de los domingos si afectará la recuperación de los hogares de menores ingresos y de algunos sectores económicos, como comercio y restaurantes.
En segundo lugar, la confrontación entre el Gobierno y el Ejecutivo volvió a escalar en agosto. A inicios del mes, el Congreso le negó la confianza al Gabinete de Ministros encabezado por Pedro Cateriano. Si bien posteriormente le dio la confianza al nuevo Gabinete, la tensión entre ambos poderes del Estado se mantiene elevada. De hecho, desde entonces, el Congreso ha aprobado la interpelación de dos Ministros en carteras claves: educación y economía. La confrontación entre el Congreso y el Gobierno eleva el riesgo regulatorio, pues dificulta que se llegue a consensos en la formulación de leyes. Como consecuencia, algunas propuestas regulatorias del Congreso en materia económica podrían terminan aprobándose por insistencia sin considerar, por ejemplo, la opinión del MEF, como la Ley que autoriza la devolución de aportes de la ONP hasta por 1 UIT.
En tercer lugar, el ritmo de recuperación económica se debilitó en agosto, luego de una rápida mejora en los meses previos. Esto se explicaría por dos razones principales. En primer lugar, el avance de la reapertura económica se detuvo y es poco probable que se acelere en los siguientes meses. En segundo lugar, el impulso generado por el desembalse de compras pendientes en algunos mercados se habría empezado a desvanecer. Como consecuencia de la ralentización en la recuperación económica, difícilmente veremos una mejora significativa en el mercado laboral y en la situación económica de las familias en lo que resta del 2020.
Hacia delante, lo más probable es que las restricciones a la movilización de personas y actividades económicas se mantengan. Por lo tanto, será clave que el Gobierno acelere la ejecución del gasto público para acelerar la recuperación económica nuevamente.
En enero, el Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana de APOYO Consultoría e IPSOS (Indicca) se ubicó en 42 puntos. Este resultado muestra un ligero aumento en la confianza de los consumidores en comparación con el trimestre anterior, aunque aún se mantiene en terreno pesimista y muy por debajo de los niveles observados previos a la pandemia.
En el 2024, se anticipa un entorno de negocios más favorable que el año anterior.
Para el 2024, el escenario político se inicia con menor turbulencia y una percepción de menores riesgos para el entorno de negocios.
