Durante los primeros meses del año, el bajo impacto de la tercera ola de contagios por COVID-19 ha permitido el “rebote” de sectores todavía rezagados. De hecho, estimamos que una parte importante del crecimiento de los primeros meses del año será explicada por este “rebote” en las ventas de comercios y algunos servicios.
En el frente político, la capacidad del Ejecutivo para implementar su agenda económica y política más radical ha seguido debilitándose este mes. Esto como resultado de tres factores: i) la continua pérdida de capital político frente a la población, ii) el debilitamiento frente a los órganos de control, como la Fiscalía y el Congreso y iii) la evidente capacidad reducida para implementar políticas públicas.
Sin embargo, el sostenido deterioro de la gestión pública y el riesgo regulatorio elevado a nivel sectorial continúan limitando el crecimiento de la inversión, tanto privada como pública. A su vez, los bajos niveles de inversión perjudican la recuperación del empleo de calidad, lo que, sumado a los altos niveles de inflación, mantiene limitada la capacidad adquisitiva de las familias.
En suma, los eventos de los primeros meses del año han estado alineados con nuestras perspectivas para el frente sanitario y político, lo que nos lleva a mantener nuestra proyección de un crecimiento económico bajo de 3% para el 2022. No obstante, aún hay algunos riesgos que siguen generando incertidumbre sobre el panorama económico, como una posible vacancia presidencial o el escalamiento del conflicto Rusia-Ucrania.
En el último mes, el panorama político ha estado marcado por el inicio de la carrera electoral. El cronograma electoral obliga a posibles candidatos que quieran participar en el próximo proceso electoral a estar afiliados a una organización política.
Durante el segundo trimestre, el PBI habría crecido a un ritmo más alto que durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de los sectores primarios.
En el mes de mayo, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
