El entorno político en febrero estuvo marcado por la revelación de presuntos casos de corrupción en el entorno presidencial y por la juramentación de dos gabinetes en menos de dos semanas. El último fin de semana, la lobista Karelim López, se acogió al mecanismo de colaboración eficaz y declaró que existe una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, involucrando directamente al presidente Castillo.
Esta situación ha reforzado una serie de acciones de control político desde el Congreso. Entre estas, las presiones para la salida de Juan Francisco Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones; además, la denuncia contra el presidente Castillo por traición a la patria e infracción constitucional. Es probable que esta dinámica de interpelaciones y censuras continúe durante las próximas semanas.
En este contexto, el gabinete Torres se presentará el próximo 8 de marzo ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. A pesar de los cuestionamientos técnicos y al gabinete, se anticipa el otorgamiento de la confianza, con el fin de evitar la disolución constitucional del Congreso. Se espera que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantengan al alza.
Ante los presuntos casos de corrupción, el riesgo de una crisis de gobernabilidad permanece reducido en el corto plazo. Si bien la legitimidad de la vacancia presidencial, actualmente impulsada por la oposición, viene en aumento, a la fecha no existen los 87 votos necesarios para remover al presidente Castillo del cargo. En consecuencia, lo más probable es que continuemos en un escenario de mediocridad prolongada, en el que predomine el desgaste, los escándalos y las decisiones erráticas.
La elección general de 2026 entró en una nueva fase en noviembre, con la mayoría de las candidaturas presidenciales ya perfiladas y un calendario que ahora concentra las miradas en el cierre definitivo de listas del 23 de diciembre, cuando se terminarán de definir los invitados al Senado y a la Cámara de Diputados.
En octubre, la salida de Dina Boluarte marcó la agenda política pero no representó un giro institucional, sino un ajuste táctico del Congreso orientado a reducir costos políticos y proteger su control de cara a las elecciones de 2026.
En el 3T2025, la economía creció 2,5%, un ritmo menor al observado en los primeros meses del año.
