Fase 2 de reapertura económica: En el papel promete un proceso más ágil para el reinicio de operación de las empresas

En los primeros días de mayo, el Gobierno dio inicio al plan de reanudación gradual de las actividades económicas, casi siete semanas después de que comenzara el aislamiento social obligatorio (cuarentena). La primera etapa del plan (Fase 1) habilitó el reinicio de algunas actividades bajo nuevos protocolos de operación establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa) y los ministerios competentes de cada actividad económica. Para retomar operaciones, las empresas debían elaborar un plan de operación siguiendo los nuevos lineamientos de salud, presentarlo al ministerio competente y al Minsa, y esperar por su aprobación.

Un mes después de que empezara esta fase, solo un poco más de 15 mil empresas —equivalente a menos del 1% del total de negocios formales del país— estaban habilitadas para retomar sus operaciones. La poca comunicación inicial entre el Gobierno y el sector privado, la falta de información adecuada para identificar a los ministerios competentes de cada actividad económica y la lenta aprobación de los planes de operación presentados por las empresas hacían que el viaje hacia la reanudación de actividades resultara desordenado, burocrático y lento. Afortunadamente, el Gobierno realizó algunos ajustes para agilizar este proceso, y también habilitó la operación de nuevas industrias.

El jueves de la semana pasada, bajo una situación sanitaria aún complicada, el Gobierno decretó el inicio de la Fase 2 del proceso de reapertura de actividades económicas. Más allá de permitir la reanudación de nuevas industrias y habilitar a los conglomerados productivos (como Gamarra o Polvos Azules) a vender sus productos por vía electrónica, se incorporaron nuevos ajustes al proceso de reapertura económica que —al menos en el papel— agilizarían de manera importante este viaje para las empresas:

• La espera por lineamientos de operación sectoriales ya no será necesaria. Los planes de operación de las empresas deberán considerar los lineamientos de salud del Minsa, y solo los sectoriales en el caso el ministerio competente los haya publicado.
• Aprobación automática para reiniciar operaciones, se deja atrás el esquema “caso por caso”. Las empresas —cuya actividad económica esté habilitada— solo deberán registrar su plan de operación en el Minsa. Esto también aplicará para las empresas que sean parte de la cadena logística de las actividades habilitadas.
• Mayor predictibilidad sobre las fiscalizaciones posteriores. Los planes de operación presentados por las empresas serán la base para los procesos de fiscalización.
• Se prohíbe a las municipalidades y gobiernos regionales establecer requisitos o condiciones adicionales a las ya establecidas por el Minsa y los ministerios competentes para las empresas que retomen sus operaciones.
• Los trabajadores independientes (personas naturales) podrán retomar sus actividades sin necesidad de elaborar un plan de operación.

Un gran reto que tendrá el Gobierno para agilizar el proceso de reapertura económica será operativizar “en la práctica” los nuevos ajustes. El Ejecutivo espera que con la Fase 2 de este proceso, alrededor de 780 mil empresas —de las cuales el 93% son microempresas— retomen sus operaciones, meta ambiciosa teniendo en cuenta que un mes después de iniciada la Fase 1 menos del 1% de negocios formales tenía permiso para reiniciar sus actividades.

Operativizar los nuevos ajustes implicará, en parte, habilitar correctamente el portal virtual del Minsa para que las empresas puedan registrar su plan de operación oportunamente. Hasta hace unos días, algunas empresas experimentaron contratiempos con el registro virtual de su plan. Adicionalmente, será necesario que todos los niveles de Gobierno (central, regional y municipal) estén alineados respecto a la correcta interpretación de las normas. Así, se requerirán importantes esfuerzos de coordinación desde el Ejecutivo (por ejemplo, con la Policía, Fuerzas Armadas y algunas municipalidades) para no generar mayores trabas a las empresas formales que reinicien sus operaciones.