At the global level, economic recovery lost momentum in September and October. The exception was China, where economic recovery remained strong. In the remainder of the year, it is most likely that the global economy will continue to recover gradually.
De acuerdo con el sondeo empresarial realizado durante la semana del 12 al 16 de octubre a los clientes del SAE, siete de cada diez ejecutivos califica al riesgo regulatorio desde el Congreso con el máximo grado de preocupación para la toma de decisiones de inversión en sus organizaciones empresariales en los próximos 12 meses.
La crisis ocasionada por el COVID-19 generará un severo deterioro de las cuentas fiscales en el Perú. Si no se implementan medidas, el incremento de la deuda pública sería insostenible. Si se implementan algunas medidas tributarias, se podría estabilizar la deuda pública alrededor de 40% del PBI. Aún hay espacio para generar mejoras adicionales y estabilizar la deuda pública en el límite legal de 30% del PBI.
Economic recovery continued to lose impulse in September. However, in September there were some positive signs on the economic and public health fronts. The above is positive news, but it is still too soon to expect an acceleration of economic recovery towards the end of the year.
Latin America has been one of the regions most affected by the spread of COVID-19, both in terms of health and economy. To date, five of the ten countries with the highest number of deaths per million people are Latin American. Furthermore, the GDP of the region will contract close to 9% this year, almost twice as much as the average decline expected on a global level (5%).
In August, the business environment deteriorated on three fronts. First, the public health crisis worsened this past month, leading the government to reestablish restrictions to human mobility. Second, the confrontation between Congress and the Executive branch further escalated. Third, the pace of economic recovery weakened, following the quick recovery observed in the previous months.
En agosto de este año, el Congreso aprobó por insistencia una Ley que modifica artículos clave del Código Penal. Esta modificatoria tipifica como delitos —pena de cárcel— el abuso de la posición de dominio y las actividades de acaparamiento, a la vez que eleva las sanciones penales para los delitos de especulación y de adulteración de productos. Si bien es razonable establecer mecanismos que eviten conductas perjudiciales para los consumidores y el mercado, las modificaciones introducidas no son las adecuadas.
Desde que comenzamos a salir del apagón casi total de la economía en el que estuvimos en abril y mayo, los indicadores relacionados con la producción y ventas de algunos mercados dieron señales de una lenta recuperación. Esta se hizo algo más marcada a medida que avanzábamos en las fases de la reapertura económica y se levantaba la cuarenta total a inicios de julio. En algunos mercados vimos, incluso, crecimientos muy fuertes de ventas vinculados posiblemente con un “desembalse” de compras contenidas.
Las universidades públicas y privadas se vieron obligadas a adecuar sus modalidades de enseñanza y migrar hacia clases virtuales al estallar la crisis COVID-19 en el país. El nivel de preparación de las universidades para el dictado de clases virtuales, desafortunadamente, no ha sido homogéneo y representa aún un enorme desafío para estas instituciones y sus estudiantes en un contexto económico muy debilitado.
Lamentablemente, el inicio del largo camino de la recuperación económica ha estado acompañado de un aumento importante de la tasa de contagios del COVID-19. Esto ha llevado al Gobierno a decretar nuevas cuarentenas en seis regiones y 36 provincias y a restringir la movilidad de las personas los domingos.
