En las últimas semanas, se han sumado demandas crecientes por una mayor intervención en el mercado de medicamentos ante un aparente incremento sustancial de precios. El Ejecutivo y el Congreso han anunciado que enfrentarán este problema, aunque con distintos enfoques.
Desde la implementación del plan para reanudar las actividades económicas, el viaje hacia el retorno de operación para las empresas está siendo un proceso desordenado, burocrático y lento. El Gobierno debe seguir realizando ajustes al proceso de reanudación económica.
Ecuador viene enfrentando crisis en múltiples frentes por la propagación del coronavirus y la caída del precio del petróleo. En el frente sanitario, el sistema de salud ha colapsado. En el ámbito económico, los ingresos del sector privado se han desplomado. En el ámbito social, el descontento de la población se ha incrementado. Por último, en el frente fiscal, el Gobierno tiene serias dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.
La crisis económica afectará negativamente a casi todos los trabajadores, pero el impacto será mayor sobre las mujeres. La fuerte caída de los ingresos de muchas empresas las llevará a ajustar sus costos o incluso a cerrar operaciones. Esto generará importantes pérdidas de empleo y reducción de salarios que, a su vez, agravarán las desigualdades de género.
Para obtener los permisos necesarios y retomar sus operaciones, los restaurantes deberán cumplir con ciertas características y tener los recursos para adaptarse a nuevos estándares sanitarios y de operación.
La participación de las clínicas privadas en esta crisis ha sido silenciosa pero intensa. En uno de los momentos más críticos de la presente crisis, durante la sexta semana de cuarentena, el sector privado de salud llegó a atender el 30% de las hospitalizaciones por COVID-19.
El fuerte deterioro de la economía global –como consecuencia de las medidas tomadas por los Gobiernos para frenar el contagio del COVID-19– está afectando significativamente el entorno económico de Latam. Por un lado, la caída en los precios de los commodities afectará fuertemente las exportaciones de la región.
El Gobierno publicó esta semana un decreto legislativo que tiene como objetivo garantizar la continuidad y calidad del servicio de educación básica a distancia en más de 26 mil de colegios privados. Estas medidas, en opinión de APOYO Consultoría, generarán un mayor riesgo de paralización de actividades en las entidades educativas privadas. El Gobierno debería tomar en consideración el establecimiento de incentivos a los colegios privados del segmento popular.
El deterioro económico actual obliga a las empresas a realizar fuertes ajustes en sus planillas. Las medidas laborales del Gobierno hasta ahora son insuficientes para limitar los despidos.
En este nuevo entorno, los supermercados acelerarán su proceso de transformación para estar más cerca de los consumidores, hacer un mejor uso de sus activos y contar con una propuesta de valor de atención más ágil y eficiente mediante el uso de la tecnología.
