En agosto, el entorno de negocios se deterioró en tres frentes. En primer lugar, la crisis sanitaria se agravó en el último mes, lo cual llevó al Gobierno a reimponer restricciones. En segundo lugar, la confrontación entre el Gobierno y el Ejecutivo volvió a escalar en agosto. En tercer lugar, el ritmo de recuperación económica se debilitó en agosto, luego de una rápida mejora en los meses previos.
En agosto de este año, el Congreso aprobó por insistencia una Ley que modifica artículos clave del Código Penal. Esta modificatoria tipifica como delitos —pena de cárcel— el abuso de la posición de dominio y las actividades de acaparamiento, a la vez que eleva las sanciones penales para los delitos de especulación y de adulteración de productos. Si bien es razonable establecer mecanismos que eviten conductas perjudiciales para los consumidores y el mercado, las modificaciones introducidas no son las adecuadas.
Desde que comenzamos a salir del apagón casi total de la economía en el que estuvimos en abril y mayo, los indicadores relacionados con la producción y ventas de algunos mercados dieron señales de una lenta recuperación. Esta se hizo algo más marcada a medida que avanzábamos en las fases de la reapertura económica y se levantaba la cuarenta total a inicios de julio. En algunos mercados vimos, incluso, crecimientos muy fuertes de ventas vinculados posiblemente con un “desembalse” de compras contenidas.
Las universidades públicas y privadas se vieron obligadas a adecuar sus modalidades de enseñanza y migrar hacia clases virtuales al estallar la crisis COVID-19 en el país. El nivel de preparación de las universidades para el dictado de clases virtuales, desafortunadamente, no ha sido homogéneo y representa aún un enorme desafío para estas instituciones y sus estudiantes en un contexto económico muy debilitado.
Lamentablemente, el inicio del largo camino de la recuperación económica ha estado acompañado de un aumento importante de la tasa de contagios del COVID-19. Esto ha llevado al Gobierno a decretar nuevas cuarentenas en seis regiones y 36 provincias y a restringir la movilidad de las personas los domingos.
Es indispensable que el gasto público crezca fuertemente en los próximos meses para que el proceso de recuperación económica sea lo más veloz posible. Hasta ahora, el PBI se ha incrementado mes a mes debido a la reapertura de las actividades productivas. Dado que gran parte de la economía ya se encuentra operando al inicio de agosto, hacia delante las mejoras adicionales en la economía dependerán principalmente del incremento de la demanda.
El discurso del 28 de julio del presidente Martín Vizcarra fue de 115 minutos de palabras que dijeron muy poco sobre las acciones concretas a ejecutar para apoyar la recuperación económica y para enfrentar eventuales rebrotes del COVID-19. Se perdió así una gran oportunidad para reducir, aunque sea en algo, la tremenda incertidumbre en la que vivimos todos los peruanos.
Durante los últimos tres meses, la recuperación económica global ha sido rápida debido a los procesos de reapertura en la mayoría de los países. Esto y el mayor apetito por riesgo a nivel global han mejorado ligeramente el entorno internacional para el Perú.
En junio, el número de trabajadores en Lima Metropolitana se recuperó respecto de los meses previos. Sin embargo, la mayor parte de la mejora fue resultado del “rebote” de los trabajos informales y de salarios bajos. De hecho, en ese mes el subempleo recuperó sus niveles previos a la emergencia y, luego de una década, superó en número a los adecuadamente empleados.
Los informes de esta semana del equipo de APOYO Consultoría sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en el empleo nos dejan un duro mensaje: al cierre del 2020, aproximadamente 600 mil familias dejarán de ser clase media y casi un tercio de la población caerá por debajo de la línea de pobreza. Esto significa un retroceso de casi 10 años.
