De acuerdo con el sondeo empresarial realizado durante la semana del 12 al 16 de octubre a los clientes del SAE, siete de cada diez ejecutivos califica al riesgo regulatorio desde el Congreso con el máximo grado de preocupación para la toma de decisiones de inversión en sus organizaciones empresariales en los próximos 12 meses.
La crisis ocasionada por el COVID-19 generará un severo deterioro de las cuentas fiscales en el Perú. Si no se implementan medidas, el incremento de la deuda pública sería insostenible. Si se implementan algunas medidas tributarias, se podría estabilizar la deuda pública alrededor de 40% del PBI. Aún hay espacio para generar mejoras adicionales y estabilizar la deuda pública en el límite legal de 30% del PBI.
[Report available in english] América latina ha sido una de las regiones más afectadas por la propagación del COVID-19, en términos sanitarios y económicos. A la fecha, 5 de los 10 países a nivel mundial con mayor número de muertes por millón de habitantes son latinoamericanos. Además, el PBI de la región se contraerá cerca de 9% este año, casi el doble que la caída promedio esperada a nivel global (-5%).
La recuperación económica siguió perdiendo impulso en setiembre. No obstante, en setiembre hubo algunas señales positivas en el frente económico y sanitario. Estas son noticias positivas, pero aún es muy pronto para asegurar una aceleración en la recuperación de la economía hacia el cierre del año.
En agosto, el entorno de negocios se deterioró en tres frentes. En primer lugar, la crisis sanitaria se agravó en el último mes, lo cual llevó al Gobierno a reimponer restricciones. En segundo lugar, la confrontación entre el Gobierno y el Ejecutivo volvió a escalar en agosto. En tercer lugar, el ritmo de recuperación económica se debilitó en agosto, luego de una rápida mejora en los meses previos.
En agosto de este año, el Congreso aprobó por insistencia una Ley que modifica artículos clave del Código Penal. Esta modificatoria tipifica como delitos —pena de cárcel— el abuso de la posición de dominio y las actividades de acaparamiento, a la vez que eleva las sanciones penales para los delitos de especulación y de adulteración de productos. Si bien es razonable establecer mecanismos que eviten conductas perjudiciales para los consumidores y el mercado, las modificaciones introducidas no son las adecuadas.
Desde que comenzamos a salir del apagón casi total de la economía en el que estuvimos en abril y mayo, los indicadores relacionados con la producción y ventas de algunos mercados dieron señales de una lenta recuperación. Esta se hizo algo más marcada a medida que avanzábamos en las fases de la reapertura económica y se levantaba la cuarenta total a inicios de julio. En algunos mercados vimos, incluso, crecimientos muy fuertes de ventas vinculados posiblemente con un “desembalse” de compras contenidas.
Las universidades públicas y privadas se vieron obligadas a adecuar sus modalidades de enseñanza y migrar hacia clases virtuales al estallar la crisis COVID-19 en el país. El nivel de preparación de las universidades para el dictado de clases virtuales, desafortunadamente, no ha sido homogéneo y representa aún un enorme desafío para estas instituciones y sus estudiantes en un contexto económico muy debilitado.
Lamentablemente, el inicio del largo camino de la recuperación económica ha estado acompañado de un aumento importante de la tasa de contagios del COVID-19. Esto ha llevado al Gobierno a decretar nuevas cuarentenas en seis regiones y 36 provincias y a restringir la movilidad de las personas los domingos.
Es indispensable que el gasto público crezca fuertemente en los próximos meses para que el proceso de recuperación económica sea lo más veloz posible. Hasta ahora, el PBI se ha incrementado mes a mes debido a la reapertura de las actividades productivas. Dado que gran parte de la economía ya se encuentra operando al inicio de agosto, hacia delante las mejoras adicionales en la economía dependerán principalmente del incremento de la demanda.
