El jueves de la semana pasada, bajo una situación sanitaria aún complicada, el Gobierno decretó el inicio de la Fase 2 del proceso de reapertura de actividades económicas. Se incorporaron nuevos ajustes al proceso de reapertura económica que —al menos en el papel— agilizarían de manera importante este viaje para las empresas
Durante las últimas semanas, cada vez más empresas encuentran la forma de cumplir con los requisitos dispuestos por el Gobierno para reiniciar sus actividades. El camino es duro: la normativa es abundante, difícil de comprender y en muchos casos absurda. Pero pasito a paso y con mucho esfuerzo firmas de diverso tamaño reabren y comienzan a enfrentar el enorme reto de una demanda interna muy golpeada por casi 90 días de cuarentena. Sin embargo, mientras unos luchan por avanzar, el Congreso de la República pareciera abocado a hacernos retroceder.
El mercado de vehículos nuevos ha sido severamente afectado por las medidas establecidas para evitar la propagación del COVID-19 en el Perú. De hecho, las cifras oficiales de abril muestran que las ventas totales fueron equivalentes a apenas el 5% de lo que se vendía pre COVID-19.
El Gobierno ha ampliado y flexibilizado el programa Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a las Micro Y Pequeñas Empresas (FAE-MYPE). Ello debido a que, hasta ahora, el impacto de la primera fase de ambos programas habría sido limitado.
La crisis generada por el COVID-19 ha tenido un impacto severo que ya es evidente en la economía global y todo parece indicar que en los próximos meses la recuperación será lenta y diferenciada entre las regiones del mundo. En el Perú, el impacto de las medidas de aislamiento social obligatorias y las restricciones para la operatividad de las empresas han afectado significativamente a la economía, principalmente a los sectores no primarios, más vinculados a la inversión.
En las últimas semanas, se han sumado demandas crecientes por una mayor intervención en el mercado de medicamentos ante un aparente incremento sustancial de precios. El Ejecutivo y el Congreso han anunciado que enfrentarán este problema, aunque con distintos enfoques.
Desde la implementación del plan para reanudar las actividades económicas, el viaje hacia el retorno de operación para las empresas está siendo un proceso desordenado, burocrático y lento. El Gobierno debe seguir realizando ajustes al proceso de reanudación económica.
Ecuador viene enfrentando crisis en múltiples frentes por la propagación del coronavirus y la caída del precio del petróleo. En el frente sanitario, el sistema de salud ha colapsado. En el ámbito económico, los ingresos del sector privado se han desplomado. En el ámbito social, el descontento de la población se ha incrementado. Por último, en el frente fiscal, el Gobierno tiene serias dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.
La crisis económica afectará negativamente a casi todos los trabajadores, pero el impacto será mayor sobre las mujeres. La fuerte caída de los ingresos de muchas empresas las llevará a ajustar sus costos o incluso a cerrar operaciones. Esto generará importantes pérdidas de empleo y reducción de salarios que, a su vez, agravarán las desigualdades de género.
La participación de las clínicas privadas en esta crisis ha sido silenciosa pero intensa. En uno de los momentos más críticos de la presente crisis, durante la sexta semana de cuarentena, el sector privado de salud llegó a atender el 30% de las hospitalizaciones por COVID-19.
